Respalda Estados Unidos reforma en El Salvador: no es comparable con dictaduras

Favor con favor se paga entre socios.

El Gobierno de Estados Unidos pretende arrogarse el derecho de definir cuando un gobierno es legal y cuando no.

Así, cuestiona a democracias como la de Brasil porque no se ajustan a sus intereses, y avala a gobiernos que ban que vuelan para ser dictaduras como la de su amigo Nayib Bukele en El Salvador.

Washington expresó su respaldo a la reforma constitucional del país centroamericano que abre la puerta a la reelección indefinida del presidente Bukele para un tercer mandato, descartando que se compare con una dictadura, pese a las señales en contrario.

Un portavoz del Departamento de Estado norteamericano dijo a la agencia española Efe que "la Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida democráticamente para promover los intereses y las políticas de sus electores. La decisión de realizar cambios constitucionales es suya. Les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país*.

Comentó además que  Estados Unidos "rechaza la comparación del proceso legislativo de El Salvador basado en la democracia y constitucionalmente sólido, con regímenes dictatoriales ilegítimos en otras partes de nuestra región".

Los oficialistas legisladores salvadoreños ratificaron el pasado viernes la reforma constitucional que permite la reelección indefinida, amplía el periodo presidencial a 6 años- y elimina la segunda vuelta electoral.

Dicha reforma ofrece a Bukele la posibilidad de postularse para un tercer mandato consecutivo, aunque no anunciado oficialmente su intención de hacerlo.

Tanto la oposición salvadoreña como organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han criticado la reforma al considerar que erosiona la democracia del país para perpetuar a Bukele en el poder, comparando la situación con la de Nicaragua y Venezuela.

El Gobierno de Bukele está entre los principales aliados de la Administración del convicto Donald Trump en América Latina, con quien acordó el envío de migrantes irregulares a la prisión de máxima seguridad de El Salvador, señalada por violaciones a los derechos humanos.