La política de seguridad basada en la pérdida de garantías individuales que aplica el gobierno de El salvador con la bendición del Congreso sigue siendo objeto de cuestionamientos, y organizaciones no gubernamentales denunciaron la muerte en la cárcel de 4 detenidos en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 en el país centroamericano.
De acuerdo con las ONG’s Socorro Jurídico Humanitario y Movimiento de Víctimas del Régimen "se reportan 4 muertos en 2 días dentro de centros penales", e incluso Socorro Jurídico identificó en sus redes sociales los nombres de los fallecidos.
Asegura en el mensaje que "ninguna" de las personas "reportadas era perfilados de pandillas, ninguno había sido condenado, ninguno tuvo derecho de defensa, de audiencia, de un juicio justo" sino que "se les presumió culpables desde el inicio y el Estado los mató".
A su vez, Movimiento de Víctimas aseguró en su cuenta de X que una de ellas, Umaña, "según información oficial, murió ‘ahorcada en la celda'"; otro perdió la vida en su casa tras ser "liberado en estado de salud delicado", un tercero murió en la cárcel a raíz de "las condiciones que viven los presos donde no hay una atención de salud adecuada para enfermos crónicos" y del cuarto recluso que perdió la vida, no hay información
Cifras oficiales dan cuenta de más de 73 mil 800 las detenciones, de las que más de 7 mil personas habrían salido en libertad condicional. Las organizaciones humanitarias registran al menos 5 mil 775 "víctimas directas", de las que más del 50% son jóvenes la mayoría objeto de detenciones arbitrarias.
Mientras tanto, la organización humanitaria salvadoreña Cristosal registra hasta 183 muertes en custodia de agentes de Seguridad del Estado bajo la medida de régimen de excepción, implementada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele contra las pandillas.
A mediados de este año, el fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo que se archivaron 142 casos, de esas muertes, porque "no constituyen delito", en un régimen que suspende garantías constitucionales aprobado por el Congreso de mayoría oficialista luego de una escalada de homicidios en la que hubo más de 80 personas muertas en 3 días.
