La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral resolvió, por unanimidad 7 medidas cautelares solicitadas por diversas ciudadanas y personas servidoras públicas, por la aparente comisión de Violencia Política en Razón de Género, generación de discurso de odio, calumnia, actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y la posible vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral.
De las resoluciones, la mayor parte de ellas desechadas, destaca una en la que
la Comisión hace un llamado a Samuel Alejandro García Sepúlveda a conducirse con prudencia discursiva.
Se trata del virtual aspirante presidencial por Movimiento Ciudadano.
PRD y PAN denunciaron a Samuel Alejandro García Sepúlveda, Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Salomón Chertorivski Woldenberg, así como al partido Movimiento Ciudadano, derivado de la celebración del evento de registro de precandidatura al cargo de Presidente de la República, realizado el pasado 12 de noviembre de 2023, así como por la difusión en redes sociales.
Al respecto, bajo la apariencia del buen derecho y desde una óptica preliminar, se consideró que el contenido de las frases o expresiones no incluyen manifestaciones que puedan constituir actos anticipados de precampaña y campaña, ya que no se advierte referencia alguna que pudiera ser considerada como un posicionamiento relacionado con el Proceso Electoral Federal 2024.
De igual manera, se negó ordenar a los denunciados abstenerse de efectuar actos como los denunciados o similares, al tratarse de actos futuros de realización incierta, pues no se tiene ningún elemento para suponer que se llevarán a cabo eventos con similares características.
Sin embargo, se hizo un llamado a García Sepúlveda, a conducirse con prudencia discursiva en todo momento, con la finalidad de evitar que sus manifestaciones se traduzcan en expresiones que busquen favorecer o perjudicar a un partido político, cuidando que su actuar se encuentre siempre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad.
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