Queja de Acción Nacional contra el INE por temas de seguridad a candidatos y candidatas

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral ha sido omiso en dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto a generar mapas de riesgo, convenios de coordinación con autoridades de seguridad pública y electorales y crear filtros de investigación, para blindar las elecciones de este año frente al crimen organizado.

Esto dijo el presidente del PAN, Marko Cortés, quien señaló que las acciones ordenadas por la Sala Superior han sido cumplidas de manera muy deficiente o ha habido un incumplimiento total.

El panista promovió ante la sala superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación un incidente de incumplimiento de las sentencias del propio Tribunal, por la omisión del Consejo General de emitir medidas suficientes para garantizar un proceso electoral libre de violencia e intervención del crimen organizado.

Tal es el caso del diseño y metodología de planes de acción en procesos electorales en zonas conflictivas o de riesgo, donde no se ha diseñado una estrategia para garantizar la seguridad de todos los actores.

Tampoco se han elaborado mapas de riesgo ni se han creado filtros para que en las candidaturas, partidos y autoridades cuenten con información veraz y precisa para evitar la infiltración de grupos criminales.

Cortés detalló que, desde la emisión del protocolo en diciembre de 2022 a la fecha, únicamente se han realizado 2 mesas de trabajo, dos informes, uno en diciembre de 2023 y otro en enero de 2024, y el esquema de seguridad de candidaturas resulta deficiente pues propone un análisis de riesgos posterior a los hechos de violencia y amenazas, lo que implica una actuación reactiva y no preventiva.

El protocolo además, dijo, solo prevé la protección de algunas candidaturas, sin tomar en cuenta que en el proceso electoral se renuevan más de 20 mil cargos, y son las candidaturas a nivel local las que tiene un mayor riesgo, incluidos los encuestadores, funcionarios y representantes de casilla, y nadie de ellos están contemplados.

El presidente del PAN reclamó que la protección propuesta en el esquema de seguridad no atiende a la realidad fáctica del país, ni a los aprendizajes históricos de procesos electorales anteriores, pues se trata de una medida que ha sido propuesta en otros procesos electorales y no ha funcionado.

Advirtió que si no se toman medidas necesarias, los riesgos latentes para el día de la jornada son atentar contra el sufragio efectivo, es decir que deje de ser libre, secreto, directo, personal, intransferible y universal, los candidatos pueden ser obligados a no postularse o declinar, se coaccione a funcionarios de casilla para que no asienten la existencia de irregularidades, alteración y distorsión de resultados electorales, desestabilización del sistema democrático, a partir de falta de legitimidad de instituciones y autoridades electorales.

Finalmente, Cortés Mendoza afirma que hay un enorme riesgo de financamiento ilícito, por lo que es necesario que la autoridad electoral realice las previsiones e investigaciones necesarias para evitar el dinero del crimen sea inyectado en las campañas electorale