Purga de militares que vigilaban residencia presidencial durante insurrección en Brasil

A 10 días de ocurrida la asonada de simpatizantes bolsonaristas que tomó por asalto las sedes de los poderes federales en Brasilia, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva está tomando decisiones firmes y ya despidió a 40 militares que vigilaban la residencia presidencial, como parte de una revisión de personal que adelantó después de la insurrección del 8 de enero.

La decisión del presidente fue publicada en el Diario Oficial de la Unión como una de las consecuencias de lo que sucedió con la turba de manifestantes que invadieron y vandalizaron el Palacio de Planalto, el Congreso y la Corte Suprema, días después de que Lula da Silva llegara al poder el 1 de enero.

Por otro lado, la oficina del procurador general de Brasil presentó varias acusaciones contra algunos de los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro que de acuerdo con las pesquisas, tomaron los edificios de gobierno para impedir el trabajo del nuevo gobierno de Lula, ganador de los comicios de octubre de 2022, sobre Bolsonaro.

Los fiscales del grupo creado para combatir actos antidemocráticos pidieron que los 39 acusados que atacaron el Congreso reciban prisión preventiva y oes congelen unos 7,7 millones de dólares de sus bienes para a pagar los daños ocasionados a los recintos oficiales.

En un comunicado, la oficina del procurador brasileño señala que son acusados de asociación delictuosa armada, intento violento de subvertir el estado democrático de derecho, preparar un golpe de Estado y dañar la propiedad pública, sin que se difundieran sus filiaciones.

Alrededor de mil personas fueron detenidas el día de los disturbios, cuando, al más puro estilo de los seguidores del expresidente Donald Trump en Estados Unidos el 6 de enero de 2021, intentaron tomar las sedes de los poderes federales para impedir que gobernara Lula y revertir la derrota electoral de Bolsonaro

La oficina de procurador remitió las acusaciones al Supremo Tribunal Federal después que el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, presentó una lista de personas acusadas de asaltar el Congreso, y se espera que haya más acusados.

“Los implicados en los disturbios intentaron, por medio de la violencia y amenazas graves, abolir el estado democrático de derecho, impidiendo o restringiendo el ejercicio de poderes constitucionales”, dice una parte del acta de acusación

“El objetivo último del ataque... fue la instauración de un régimen gubernamental alternativo”, dice la denuncia del procurador.