Por lo menos 1.2 millones de personas se vieron desplazadas por la delincuencia en 2024

Una experta de la ONU ha advertido que la actividad delictiva organizada está alimentando una crisis mundial desatendida de desplazamiento interno.

En su informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, Paula Gaviria Betancur*, relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, examina el aumento de la actividad de la delincuencia organizada como motor mundial de los desplazamientos internos y de las violaciones de los derechos de las personas desplazadas.

“La actividad delictiva organizada es un motor cada vez más relevante del desplazamiento interno, ya que el número de personas desplazadas por la delincuencia en todo el mundo se duplicó de 2023 a 2024”, dijo Gaviria Betancur.

En 2024, al menos 1,2 millones de personas se vieron desplazadas por la violencia relacionada con la delincuencia en todo el mundo.

“A pesar de esta creciente amenaza, pocos Estados han sido capaces de desarrollar respuestas eficaces para prevenir, abordar y remediar el desplazamiento en estos contextos”.

“Los actores criminales no sólo obligan a personas y comunidades a abandonar sus hogares, sino que someten a las personas desplazadas a graves abusos contra los derechos humanos, como violencia, extorsión, reclutamiento y trabajo forzados, y violencia y explotación sexuales, a menudo en un clima de total impunidad”, afirmó Gaviria Betancur.

Los desplazamientos relacionados con la delincuencia organizada son un fenómeno mundial, pero los focos regionales más destacados se encuentran Centroamérica, el Sahel, el Sudeste Asiático, y partes de Sudamérica y el Caribe.

Las zonas afectadas por este tipo de violencia, que pueden ser rurales o urbanas, tienden a caracterizarse por presencia débil o cuestionada del Estado, pobreza y marginación, economías ilícitas y proximidad a fronteras internacionales.

Este último facilita la comisión de delitos transnacionales, al proporcionar una ruta para traficar con contrabando o personas y eludir la aplicación de la ley cruzando jurisdicciones.

La relatora especial reconoce en su informe que abordar eficazmente la delincuencia organizada es un proceso complejo, dado que el fenómeno abarca múltiples marcos jurídicos, incluidos el humanitario, el de los derechos humanos y el penal.

Además, los actores de la delincuencia organizada no son un grupo homogéneo y tienen diversas motivaciones políticas, ideológicas, económicas y territoriales que deben ser gestionadas.

Gaviria Betancur expresó además su profunda preocupación por los enfoques militarizados que han tendido a dominar las respuestas de los Estados a la delincuencia organizada.

El informe insta a los Estados a adoptar medidas que aborden las causas profundas del desplazamiento y la criminalidad, como la pobreza, la corrupción y la debilidad del Estado de derecho.