La Unión Nacional de Padres de Familia, organización sin fines de lucro que agrupa a padres de estudiantes en su mayoría de escuelas privadas, obtuvo un amparo de la jueza Yadira Medina, en la que ordena a la Secretaría de Educación Pública que, en
tanto no resuelva la posible ilegalidad en la que fueron hechos los libros de texto gratuito este año, utilice los elaborados con los programas educativos del ciclo escolar 2022-2023.
Del mismo modo, la jueza ordenó que se haga la consulta conforme al proceso de ley, dejando sin efectos el acuerdo mediante el cual se publican los nuevos programas.
Representantes de esta organización junto con diputados del PAN, PRI y PRD del Congreso de la Ciudad de México, como era de suponerse, reiteraron su postura a favor de que haya libros de texto conforme a la ley y de calidad, para garantizar la educación de los niños.
No especificaron que es calidad y cómo se garantiza para ellos dicha educación .
Asimismo, hicieron un atento llamado a las autoridades para que se cumplan y atiendan las resoluciones del poder judicial.
Aseguran que han expresado desde que presentó la demanda de amparo, su decisión de mantenerse al margen de las descalificaciones de los libros por motivos ideológicos, pese a que se hicieron acompañar en de rueda de prensa de hoy por miembros de partidos politicos.
Sin embargo, dicen que comparten la preocupación de diversos especialistas en educación que han señalado errores de los libros, que siempre estuvieron fuera de la luz pública y sin someterse a consulta, como lo dictamina la ley.
Más aún, afirman que la suspensión está fundada en el interés legítimo que tienen los padres de familia por la educación de sus hijos y en la necesidad de atender con seriedad y efectividad los retos en materia educativa, y que se agravaron con la pandemia del Covid 19.
Entre ellos, el rezago educativo, la deserción escolar, el mantenimiento y mejoramiento de infraestructura, la capacitación docente y la adecuada aplicación de los contenidos educativos.
Van más lejos y lanzaron una petición en CitizenGo.org, para que las autoridades respeten la resolución de la jueza y se entreguen los libros conforme a los programas educativos del ciclo anterior.
Hasta el momento se han recabado poco más de 112 mil firmas, que se entregarán a la Secretaría de Educación Pública.
