El gobierno de Nicaragua encabezado por Daniel Ortega decidió apropiarse de todos los bienes inmuebles de los 222 opositores políticos excarcelados y deportados a Estados Unidos el 9 de febrero pasado, mediante el método de confiscación.
Ortega despoja así de sus bienes a quienes no tienen posibilidad de protegerlos o defenderlos, gracias a una , sentencia de la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones divulgada en Managua.
El fallo judicial de este poder subordinado al Presidente fue fue fechado el 19 de mayo, y fue dado a conocer en esta fecha en que se cumplen 4 meses de la excarcelación y destierro de los 222 "presos políticos”, entre ellos, exaspirantes a la presidencia, abogados, exguerrilleros sandinistas, defensores de derechos humanos y periodistas críticos al gobierno de Daniel Ortega.
El texto judicial, sostiene que los exprisioneros fueron declarados "traidores a la patria”, despojados de su nacionalidad nicaragüense y deportados, tras ser condenados por "cometer actos de menoscabar la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo” y por "incitar a la violencia, el terrorismo y la desestabilización económica”.
Asimismo, y por indicaciones de Ortega, la sentencia judicial ordena "la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles que los condenados tengan inscritos” en los registros públicos, "en su carácter personal o de persona jurídica”.
Además, se les confiscarán "todas las acciones y sociedades mercantiles” que puedan poseer, "para que respondan por los delitos cometidos y con el propósito de garantizar la paz social, la independencia, la soberanía (y) la autodeterminación del Estado de Nicaragua”.
Lo menos que los afectados le han dicho a Ortega los afectados, es que es un "desquiciado".
