Piden patrones que cuotas al IMSS se reflejen en mejor atención y medicamentos

La Confederación Patronal de la República Mexicana considera que las aportaciones que realizan trabajadores y empresas para sostener el sistema de seguridad social no se están reflejando plenamente en la calidad de los servicios que reciben millones de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las cuotas obrero-patronales contribuyen para garantizar el acceso a servicios de salud, tratamientos, medicamentos e infraestructura médica. Por ello, quienes sostienen económicamente el sistema tienen derecho a exigir que esos recursos se traduzcan en una atención acorde con las necesidades de los derechohabientes.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 del INEGI, el IMSS tenía 53.6 millones de derechohabientes. De ellos, 38.2 millones tuvieron una necesidad de salud, 29.3 millones recibieron atención médica y solo 13.5 millones fueron atendidos en el IMSS.

Apenas 45.9% de los derechohabientes del IMSS que recibieron atención acudió a esa institución. Cerca de 16 millones tuvieron que atenderse en otro lugar. Ese desplazamiento tiene un costo para las familias: su gasto en salud aumentó 7.9% en términos reales entre 2022 y 2024, hasta alcanzar un promedio de 6 mil 421 pesos anuales por hogar.

Las movilizaciones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social han visibilizado carencias relacionadas con el desabasto de medicamentos, insuficiencia de personal, falta de insumos médicos y los rezagos en infraestructura que afectan tanto a quienes prestan los servicios de salud como a millones de derechohabientes.

En COPARMEX reconocemos y valoramos el compromiso, profesionalismo y vocación de servicio del personal médico, de enfermería, técnico y administrativo del IMSS. Su labor incansable, muchas veces realizada bajo condiciones complejas y con recursos limitados, es muestra de una extraordinaria dedicación hacia los trabajadores mexicanos y sus familias.

Por la relevancia de su trabajo, es indispensable que cuente con herramientas, medicamentos, equipamiento, infraestructura y apoyo humano necesarios para desempeñar sus funciones con calidad, oportunidad y seguridad.

Esta situación refleja desafíos de política pública que limitan la capacidad de respuesta del sistema de salud: deficiencias con la planeación y ejecución de recursos públicos, falta de coordinación institucional y dificultades para garantizar servicios oportunos y de calidad. A ello se suman los retos del modelo de atención universal para asegurar cobertura efectiva, acceso a medicamentos, suficiencia de personal médico e infraestructura adecuada para millones de derechohabientes.

El IMSS debe garantizar que los recursos aportados por trabajadores y empleadores respondan a las necesidades de la población asegurada. Ampliar la atención sin financiamiento suficiente compromete la viabilidad del sistema.

La inquietud es mayor al observar que, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el gasto público en salud alcanzaría 1 billón 136 mil 648 millones de pesos, un crecimiento real de 10.6% respecto a 2026, que llevaría el gasto en salud a su nivel más alto como proporción del PIB en una década. Los recursos para medicamentos y material médico y de laboratorio llegarían a 164 mil 245 millones de pesos, el monto más alto del periodo analizado.

Sin embargo, el presupuesto del IMSS para estos rubros caería 5.9%, pese a concentrar 71.4% del total público. La reducción se concentra en materiales y suministros médicos (-32.0%, 5 mil 925 millones menos) y en medicinas y productos farmacéuticos (-3.3%, 3 mil 409 millones menos).

Además, el gasto público en salud se mantendría en 2.9% del PIB, menos de la mitad del 6% recomendado por la OMS para alcanzar la cobertura universal.

Por ello, consideramos indispensable garantizar abasto oportuno y suficiente de medicamentos en todas las unidades médicas; disponibilidad de insumos y tratamientos para enfermedades de alta incidencia; ampliación y modernización de la infraestructura hospitalaria; cobertura de plazas vacantes para reducir la saturación de servicios!, y valuación permanente de la calidad de atención que reciben los derechohabientes.