Pide Defensoría de Colombia prevenir escalada de violencia tras ataques con explosivos

El nuevo gobierno de Colombia arrancó como muchos lo preveían tras los agresivos mensajes del presidente ultraderechista, Abelardo de la Espriella.

La Defensoría del Pueblo de Colombia demandó prevenir una escalada de violencia luego de los ataques realizados con explosivos en varias partes del país y en donde murió un policía, horas después de la investidura del empresario de la Espriella como nuevo presidente.

En un comunicado, la Defensoría expresó que "ante el inicio de un nuevo Gobierno, resulta fundamental fortalecer desde estos primeros días una respuesta estatal integral que combine las acciones necesarias en materia de seguridad del sector defensa, con acciones de prevención integral y la protección de las personas y comunidades".

Señaló que hubo "ataques, hostigamientos y hechos relacionados con artefactos explosivos" entre viernes y sábado, en los departamentos de Cauca, Nariño, Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare.

El ataque mas serio se produjo en San Roque, donde fue atacado el puesto policial de esa localidad con explosivos lanzados desde drones, perdiendo la vida al subintendente Argemiro Rodelo Canchila.

Asimismo, otro ataque destruyó un peaje en construcción en la Vía Panamericana, entre las ciudades de Popayán y Cali, donde se realizó la toma de posesión de De la Espriella

El comunicado apunta que "aunque las circunstancias y autorías de varios de estos hechos continúan siendo materia de verificación, se han registrado en un periodo muy corto hostigamientos y ataques con armas de fuego, drones y artefactos explosivos, principalmente contra instalaciones de la Fuerza Pública, infraestructura, vías y corredores estratégicos en estas regiones del país".

De acuerdo con la Defensoría, varios de estos ataques han tenido lugar en "cabeceras municipales o en inmediaciones de viviendas, establecimientos comerciales y vías utilizadas cotidianamente por las comunidades".

En varios casos han afectado a la población civil, y agregó que "recordamos nuevamente a los grupos armados ilegales que la población civil no puede ser puesta en riesgo ni convertida en escenario de demostraciones de fuerza*.

Señaló la Defensoría que "en la conducción de las hostilidades deben respetarse las normas del derecho internacional humanitario y, particularmente, las obligaciones dirigidas a proteger a quienes no participan en ellas, por lo que pidió "cesar cualquier conducta que afecte la vida, la integridad, la movilidad y los demás derechos de las comunidades principalmente cuando se utilizan medios y métodos de guerra.