Pide Coparmex preservar el juicio de amparo

Ante la reforma publicada el 13 de marzo de 2025 y los ajustes presentados el 15 de septiembre de 2025 por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Confederación Patronal de la República Mexicana advierte a su juicio que algunas de las modificaciones debilitan gravemente el juicio de amparo.

Por ello, han solicitado formalmente participar en las mesas de trabajo que el Senado está 

organizando para analizar las reformas a la Ley de Amparo. 

Asegura la patronal que representa a miles de empresas en todo el país y consideran indispensable que se escuche y atienda su voz para fijar un posicionamiento que refleje las inquietudes y propuestas del sector productivo, esto en un país en donde en muchas ocasiones se ha abusado de dicho instrumento.

Coparmex señala que su participación busca asegurar que cualquier cambio legal, en lugar de significar un retroceso, fortalezca el verdadero Estado de Derechos y preserve las garantías que protegen a los ciudadanos y a quienes generan empleo en México.

Los cambios proponen que solo quien pueda demostrar una afectación directa pueda promover un amparo, eliminando la posibilidad de presentar casos de interés colectivo. Esto reduce los efectos generales de las sentencias y convierte un mecanismo de protección que beneficiaba a toda la sociedad en un recurso individual que deja en mayor vulnerabilidad a ciudadanos, emprendedores y empresas.

Recuerda que el juicio de amparo, creado en el siglo XIX y consolidado en la Constitución de 1917, ha sido clave para frenar abusos de poder y garantizar derechos frente a actos de autoridad, por lo que limitarlo significaría un retroceso histórico.

Asimismo, los patrones dicen que las reformas restringen la suspensión de actos de autoridad, único recurso que evita daños irreparables mientras se resuelve un juicio. Esto dejaría a los ciudadanos expuestos a decisiones que podrían aplicarse de inmediato y sin control, generando criterios contradictorios y mayor inseguridad jurídica.

Apuntan que el interés legítimo ha permitido que la justicia responda a realidades sociales y económicas, y que limitarlo significa un retroceso frente a la evolución constitucional.

Debilitar el interés legítimo genera un escenario de mayor inseguridad jurídica, significa cerrar la puerta a derechos colectivos y se convierte en un recurso aislado y menos eficaz. 

En el ámbito tributario, la modificación al Código Fiscal de la Federación endurece plazos, amplía facultades de suspensión de certificados y permite la ejecución inmediata de créditos fiscales, limitando el control judicial sobre la actuación del fisco. Para las empresas esto representa un mayor riesgo de cobros prematuros que afectarían operaciones y empleos, dañando la economía nacional.

Además, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa incorpora ajustes que podrían presionar políticamente a los magistrados bajo la apariencia de evaluaciones de desempeño y digitalización. La imposición de métricas de ética, productividad y estadísticas sin las debidas salvaguardas, puede mermar la independencia judicial.

De igual forma, advierten los patrones que la digitalización obligatoria puede excluir a personas y pequeñas empresas sin los recursos o capacitación tecnológica para litigar en igualdad de condiciones.

Añaden que las reformas elevan los requisitos para declarar inconstitucional una ley y otorgan a la Consejería Jurídica del Ejecutivo la facultad de priorizar asuntos en la Suprema Corte. 

Lo siento no aceptan en su comunicado los empresarios, es que ha habido abusos en la gestión de amparos y casos de corrupción del antiguo sistema judicial a la hora de otorgarlos