Amnistía Internacional hizo un llamado a las y los legisladores a votar en contra de la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, que formaliza la adscripción de la GN a la SEDENA, pues a su juicio
pone en riesgo la vigencia y respeto de los derechos humanos y contraviene los estándares internacionales en materia de seguridad pública
Para Amnistía, la iniciativa tiende a consolidar el proceso de militarización de la seguridad pública a contrapelo del quinto transitorio del decreto de creación de la GN, que plantea el retiro de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública en 2024.
Dice la ONG que la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa contraviene la Constitución y estándares internacionales en materia de seguridad pública.
De acuerdo con Amnistía Internacional, la iniciativa plantea la consolidación de la militarización de la GN y, de aprobarse, la SEDENA se encargaría de la operación y administración de la misma, le daría capacitación militar a su personal cuando sus tareas son del orden civil y el personal militar de esta corporación se regiría por el fuero y condiciones laborales del personal militar.
Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, destaca que “los y las legisladoras tienen la oportunidad de frenar el proceso de militarización de la seguridad pública en México y exigir al Poder Ejecutivo que presente el plan de retiro progresivo de las fuerzas armadas de las calles, priorice en el fortalecimiento de las policías civiles, así como el desarrollo de políticas públicas de prevención, tendentes a garantizar la seguridad pública".
Diversos organismos internacionales han recomendado de manera reiterada al Estado mexicano que abandone la estrategia de militarización de la seguridad pública, como en diciembre de 2017, que expertos y expertas de la Organización de Naciones Unidas hicieron un llamado al Estado Mexicano a rechazar el Proyecto de Ley de Seguridad Interior, pues dar a las Fuerzas Armadas papel de liderazgo en materia de seguridad debilitaría la protección de los derechos humanos.
En 2018, la Corte determinó la invalidez en su totalidad de dicha ley e incluso se consideró que su existencia representaría un riesgo para el país.
Aunque la exposición de motivos de la iniciativa recupera cifras de violaciones a derechos humanos tendentes a señalar que han ido a la baja, datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos muestran que la SEDENA y la GN están dentro de las 10 instituciones federales con mayor número de quejas por violaciones graves a derechos humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como lo es México deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para labores de seguridad pública.
La iniciativa se contrapone además a los artículos 21, párrafo 10, y el 129 de la Constitución mexicana de acuerdo con los cuales: “Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional” (artículo 21, párrafo 10) y que “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar” (artículo 129).
Amnistía Internacional también expresa su mayor preocupación porque la iniciativa presentada por el Ejecutivo plantea que la capacitación que recibirá el personal de la GN provendría de la SEDENA.
Añade que, aunque la iniciativa refiere que su propósito final no es militarizar al país o implantar el autoritarismo, en los hechos la militarización de la GN está presente a lo largo del texto.
