Para los patrones no es prioridad una reforma electoral

La Confederación Patronal de la República Mexicana considera que la reforma electoral más adecuada es aquella que surge de la ciudadanía, protege los principios democráticos y fortalece a las instituciones. 

A su juicio, la mejor decisión es no impulsar cambios que profundicen la polarización y generen confrontación entre los mexicanos, cuando lo verdaderamente relevante es atender los desafíos que enfrenta el país. 

En un comunicado, los empresarios afirman que, en el contexto actual, en el que enfrentamos incertidumbre económica interna y externa, aunado a la necesidad de garantizar seguridad, justicia y paz en el país para generar las condiciones necesarias para la inversión, la discusión de una reforma electoral es riesgosa e inoportuna.

Señalan que la pretensión de iniciar este debate y plantear cambios institucionales, ocurre en un momento delicado, con retos significativos en materia de seguridad, hechos violentos en distintas regiones, revisión de compromisos con socios comerciales, incertidumbre económica y la debilidades del Estado de Derecho. 

Ante este panorama, el país necesita estabilidad, eficacia institucional y resultados concretos, no discusiones que puedan generar mayor división.

A ello, Coparmex asegura que se suma el impacto directo en la inversión y el crecimiento económico. La confianza de inversionistas nacionales e internacionales depende de la estabilidad institucional, la certeza jurídica y la capacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad.

Cualquier señal que sugiera debilitamiento de la libertad democrática de ciudadanos e instituciones incrementaría la incertidumbre, frenaría más la inversión y limitaría creación de empleos.

Además, este enfoque podría implicar el incumplimiento de compromisos internacionales asumidos por México en materia de democracia, derechos políticos y elecciones libres, con efectos directos en la posición del país frente a procesos de negociación como el T-MEC, o en etapas de renovación del Acuerdo Global México-Unión Europea. 

La legitimidad de una reforma no depende únicamente de su legalidad, sino de su origen, proceso y aceptación social.

Destaca la patronal que desde la década de los noventa, el sistema electoral mexicano se ha construido mediante acuerdos amplios, públicos, democráticos e incluyentes, impulsados por la ciudadanía,  sociedad civil organizada, academia y fuerzas políticas, a través del diálogo y la construcción de consensos.  Hoy enfrentamos un contexto distinto. Por primera vez en nuestra historia reciente, una propuesta de reforma electoral no nace del consenso ciudadano. 

Agrega Coparmex que las leyes electorales deben respetar 5 pilares democráticos construidos desde la sociedad y reconocidos universalmente: autonomía de las autoridades encargadas de organizar las elecciones, pluralidad legislativa que refleje la diversidad política y social del país, fiscalización sólida y efectiva, inclusión de minorías, y certeza jurídica, con reglas claras.