En un posicionamiento, Amnistía Internacional aseguró que la "violencia" que ejerce el Estado salvadoreño, dentro del régimen de excepción sin garantías individuales desde marzo de 2022, así como una "alarmante regresión" en la protección de los derechos humanos, "reemplaza gradualmente" la ejercida por pandillas en comunidades pobres.
La ONG presentó un informe en el que señala al Gobierno de Nayib Bukele, candidato fuera de la ley a la reelección, de restringir y vulnerar "derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida y la prohibición de la tortura". La directora para las Américas de Amnistía, Ana Piquer, aseguró en un comunicado que "lo que estamos presenciando en El Salvador es una repetición trágica de la historia, donde la violencia del Estado está reemplazando gradualmente la violencia de las pandillas, dejando a las mismas comunidades vulnerables atrapadas en un ciclo interminable de abusos y desesperanza" El Salvador está desde hace 20 meses bajo una política de seguridad en donde las garantías constitucionales fueron canceladas a raíz de una escalada de homicidios atribuida a las pandillas. Esa nueva política tiene en prisión a por lo menos 73 mil 800 detenciones, y el informe "Detrás del velo de la popularidad: represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador", se basa en 3 misiones de investigación y 83 entrevistas, y documenta "la instalación de un contexto marcado por la profundización de un enfoque punitivo y represivo en materia de seguridad pública" Piquer agregó que "estos casos no son aislados, sino parte de un patrón de abuso sistemático y extendido que afecta principalmente a comunidades marginadas y empobrecidas". En su reporte, Amnistia denuncia "el despliegue de una serie de acciones gubernamentales que restringen el espacio cívico" y "atentan contra la libertad de expresión y asociación", como el "acoso al oficio del periodismo" y "la aplicación de controles excesivos hacia medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil". Desde junio de 2022, Amnistía Internacional advertía que Bukele sumergía al país en "una crisis de derechos humanos luego de 3 años de gobierno", y ahora, enmedio del régimen de excepción, indicó que las organizaciones humanitarias han documentado 327 casos de desapariciones forzadas, aproximadamente 102 mil personas privadas de libertad, una situación de hacinamiento carcelario del 236% y más de 190 muertes bajo custodia del estatal.
