El presidente argentino Javier Milei, firmó este 18 de diciembre un decreto de necesidad y urgencia, que ya fue publicado en el Boletín Oficial, y en el cual declara la "emergencia" en el sector energético e impulsa un incremento en las tarifas de electricidad y de gas, otro apretón a la soga colocada en el cuello de millones de argentinos sumidos en la pobreza, para rescatar empresas.
El decreto establece la emergencia en el Sector Energético Nacional en cuanto a la "generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural" hasta el 31 de diciembre de 2024, en una normativa que faculta a la Secretaría de Energía a implementar un "programa de acciones" que establezca un nuevo cuadro tarifario
El documento apunta que "resulta necesario adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo que permitan la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, y asegurar el suministro".
Así, se impulsará el establecimiento de "mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso", así como el mantenimiento de ingresos "para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías".
Más aún, el decreto dispone la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y del Ente Nacional Regulador del Gas, a partir del 1 de enero de 2024, y el decreto indica que las nuevas autoridades deberán "informar sobre el cumplimiento de los procesos de renegociación" y "realizar los procesos de revisión tarifaria".
Asimismo, podrán aprobar "adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados".
La medida se adopta días después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, diera a conocer un paquete de urgencia para evitar una "catástrofe", con 10 medidas de reducción del gasto público para recuperar el equilibrio fiscal y evitar una hiperinflación, y en donde se incluyeron una devaluación superior al 100%, cancelación de contratos de la administración pública con menos de un año de antigüedad, menores subsidios a las tarifas energéticas y del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires, reducción de la obra pública al mínimo, así como la suspensión de pautas publicitarias en medios de comunicación durante un año.
Caputo también anunció un aumento en los ingresos de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo y el aumento del 50 % de la Tarjeta Alimentar, mientras que se mantienen los planes Potenciar Trabajo y se buscará fortalecer las políticas sociales que van "directo a la gente que más lo necesita, sin intermediarios".
