Otorga CIDH medidas cautelares a comunidad jesuita de Cerocahui, Chihuahua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó una Resolución mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de 11 integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui, Tarahumara, del municipio de Urique, Chihuahua, al considerar que se encuentran en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño a sus derechos.

Señala que dichas personas han sufrido amenazas y agresiones de grupos del crimen organizado, lo que les impide desarrollar las actividades pastorales y de apoyo a las comunidades de la zona.

Cómo se recordará, en junio de 2022 fueron asesinados 2 sacerdotes en el interior de la iglesia, cosa que desató un contexto de estigmatización y deslegitimación a los beneficiarios, tras sus denuncias y actuaciones ligadas a la investigación por el asesinato de los sacerdotes jesuitas, y cuestionamientos por su postura sobre las políticas de seguridad del Estado.

Por su parte, el Estado informó sobre el refuerzo de medidas de seguridad en Chihuahua; el establecimiento de una Base de Operaciones Interinstitucionales con enfoque multicultural, la instalación en Choreachi de una subsede del Ministerio Público; medidas adoptadas en el marco del Plan de Atención Integral; y reuniones con representantes para medidas de seguridad; entre otras.

La CIDH considera el contexto de violencia e inseguridad que afecta a los habitantes de la región de Tarahumara, Chihuahua, y tras analizar la información presentada por ambas partes, juzga que las personas beneficiarias se encuentran en situación de gravedad y urgencia como consecuencia de las amenazas y hostigamientos por parte de grupos del crimen organizado, lo que ha puesto en riesgo los derechos a la vida e integridad personal.

Por ello, solicita al Estado de México que adopte medidas de seguridad para proteger la vida e integridad personal de los beneficiarios. Se debe garantizar su seguridad y prevenir actos de amenaza, intimidación y violencia por terceros.

También pide medidas de protección que permitan a los beneficiarios realizar sus labores pastorales sin amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia en su contra.

Sugiere concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de esta medida cautelar.

Añade la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado de México no constituyen prejuzgamiento de una petición que pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano, sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables.

foto archivo: sacerdotes asesinados en 2020