Normal: críticas de Coparmex a Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión

La Confederación Patronal de la República Mexicana afirma que valora que se haya pospuesto la aprobación de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Asimismo, reconoce en un comunicado la necesidad de actualizar el marco legal del sector, promover la digitalización, ampliar la conectividad y simplificar procesos. 

Para los patrones, la pausa abre una ventana de oportunidad para revisar con profundidad una iniciativa que, en su redacción actual, compromete principios esenciales para el desarrollo del ecosistema digital.

Los empresarios hicieron un llamado a un diálogo abierto, técnico y con todos los sectores involucrados, porque la propuesta plantea, según ellos, riesgos sustanciales: elimina la autonomía del regulador, erosiona la certeza jurídica, contraviene compromisos del T-MEC y debilita la competencia al permitir que entidades del Estado ofrezcan servicios comerciales bajo esquemas de subsidio, con asignaciones de espectro sin licitación ni contraprestación, y sin estar sujetas a un marco regulatorio equitativo. 

Más aún, la Coparmex, que cada que se presenta alguna iniciativa de ley asegura que hay violaciones al T-MEC, relativo a Empresas Propiedad del Estado, y genera un entorno desigual que atenta contra la inversión, la innovación y el desarrollo tecnológico del país.

Más aún, la patronal señala que les inquieta la facultad de la nueva Agencia para ordenar el bloqueo de plataformas digitales sin intervención judicial previa, medida, contenida en el artículo 109 que vulneraria derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información y el debido proceso.

Advierten que la ausencia de salvaguardas claras abre la puerta a censura previa, genera 

incertidumbre jurídica y podría detonar controversias constitucionales e internacionales.

Asimismo, indican que la ambigüedad en la definición de plataformas digitales propuesta en el artículo 3 amplía excesivamente las competencias regulatorias de la Agencia y contradice el principio de neutralidad tecnológica. Esta redacción imprecisa permitiría regular servicios de Internet que 

no forman parte de las telecomunicaciones tradicionales, generando fragmentación normativa y posibles violaciones a los artículos 15.3 y 19.4 del T-MEC.

Agrega que el debilitamiento del principio de neutralidad de la red es otro aspecto crítico. Al eliminarse su definición legal y dejar su interpretación a lineamientos futuros de la ATDT, se introduce un alto grado de inseguridad para usuarios, operadores e inversionistas.

Ante esto, consideran indispensable conservar el texto vigente del artículo 145 de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para garantizar condiciones equitativas y transparentes en el uso de la red.

También cuestionan el transitorio décimo séptimo que establece la suspensión de todos los trámites por un periodo de 60 días, lo que interrumpiría procesos fundamentales como licitaciones de espectro, autorizaciones de servicios y despliegue de infraestructura. Esta interrupción afectaría directamente la inversión, el desarrollo de tecnologías como 5G y la innovación digital en México.

El sector de telecomunicaciones representa el 3.3% del Producto Interno Bruto nacional. 

y genera más de 265 mil empleos directos. De acuerdo con el Banco Mundial, un incremento 

del 10% en la penetración de banda ancha puede elevar el PIB en hasta 1.38%, agregan los empresarios.