La presidenta de Perú, Dina Boluarte, salió el sábado a ofrecer un mensaje a la nación, luego de que se cumpliera una orden de cateo en su casa y en Palacio de Gobierno en Lima, en el marco de la investigación en su contra por la presunta posesión de varios lujosos relojes Rolex.
Boluarte dijo que el allanamiento de su domicilio fue una medida "arbitraria, desproporcional y abusiva", pues, asegura, "nunca ha existido rehusamiento, ni rebeldía" frente a la investigación en curso.
Según ella, "por el contrario, me he personado a esta instancia, nombrando a mis abogados y poniéndome a la disposición" .
Fie entonces que declaró ataques "sistemáticos" en los que además, "se ataca la democracia y el estado de Gobierno", como si ella encarnara ambas cosas.
De acuerdo con que fuese vicepresidenta durante el efímero gobierno del maestro Pedro Castillo, los cateos causan "inestabilidad política, social y económica" en el país.
Agentes del Ministerio Público y de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad, allanaron la casa de la presidenta de Perú con fines de registro e incautación, autorizada por el juez de investigación preparatoria de la Corte Suprema Juan Checkley.
Dina Boluarte es investigada por ingresos no registrados que conforme a la Justicia podrían significar lavado de activos, luego de que el MP determinó iniciar el pasado 18 de marzo diligencias preliminares a la mandataria "por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de funciones por el uso de relojes marca Rolex" .
La presidenta no explicó el origen de los artículos de lujo y solo dijo que "eran artículos de antaño".
El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adriánzen, descartó la renuncia de la jefa de Estado tras el allanamiento a su vivienda y al Palacio de Gobierno, y llamó a las fuerzas políticas y sociales a vigilar el orden constitucional.
"Apuntó que "la presidenta y el gabinete estamos decididos en continuar trabajando por la reactivación económica y la seguridad. Esa es la prioridad. Nadie ha pensado renunciar por esta acción desproporcionada", y añadió que
"los ministros de Estado expresamos nuestra solidaridad con la presidenta y rechazamos enérgicamente estas acciones políticas desestabilizadoras, que se encubren en cuestionables disposiciones jurisdiccionales y reafirman la politización de la justicia".
