No cederá Corte Penal Internacional a presiones de Estados Unidos tras sanciones a sus jueces y fiscales

El tribunal no cederá “a ninguna presión” y su independencia “permanece intacta”, aseguró este lunes la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la japonesa Tomoko Akane, luego de denunciar que el gobierno de Estados Unidos sancionó a 9 de sus jueces y fiscales, “situándolos al mismo nivel que terroristas y narcotraficantes”.

Al hacer uso de la palabra en la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI, la nipona reconoció que la institución, hace frente a “ataques sin precedentes” desde que emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por su guerra en Ucrania, y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, por sus crímenes en Palestina

Como respuesta a la investigación de la Corte que involucra a Israel por crímenes de guerra y lesa humanidad en Palestina, incluida Gaza 9 altos cargos electos de la CPI, incluidos 6 jueces, han sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos lo que situó a estos funcionarios en listas estadounidenses reservadas habitualmente a "terroristas y narcotraficantes", hecho inédito en la historia de este organismo.

Akane dijo que "sus vidas personales y familiares se han visto profundamente alteradas y su capacidad para realizar transacciones financieras ha sido restringida incluso en territorios de Estados Parte, también en Europa”, 

Más aún, Rusia ha emitido en los últimos años órdenes de detención contra 6 jueces y la Presidencia de la CPI por la orden de arresto emitida contra Putin, señalado por la deportación de niños ucranianos a Rusia, decisión de la Corte sobre la que Moscú ha concluido investigaciones y celebrado vistas en rebeldía.

Según Akane, “estas medidas buscan socavar la existencia misma de la Corte”, ante lo cual aseguró que la CPI seguirá trabajando con “expedición y eficacia” en todas las fases de sus procedimientos, y resaltó la carga de trabajo de este año, con múltiples órdenes de arresto, en algunos casos bajo confidencialidad por decisión judicial.

Insistió en que cualquier disputa relacionada con sus funciones judiciales debe resolverse “exclusivamente” según el Estatuto de Roma, el tratado de la CPI, y pidió a los países que utilicen vías internas de consulta previstas antes de cuestionar la ejecución de solicitudes de cooperación y órdenes de arresto.

Apenas en julio pasado, la CPI denunció a Hungría ante su órgano supervisor por considerar que “incumplió sus obligaciones” legales al no arrestar a Netanyahu durante su visita al país en abril, pese a la existencia de la orden de detención por crímenes de guerra en la Franja de Gaza.