Niega Boluarte ejecuciones extrajudiciales en protestas contra su gobierno...¿y la OEA?

Como se esperaba, la cada vez más cuestionada presidenta de Perú, Dina Boluarte, descalificó en conferencia de prensa la publicación de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se denuncian violaciones en las protestas antigubernamentales.

Boluarte se refirió al informe al término de una sesión del Consejo de Ministros, y afirmó que "hay cuestionamientos que no compartimos, pero respetamos, más aun viniendo de un organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos".

De inmediato, rechazó "la existencia de ejecuciones extrajudiciales y la clasificación de masacre, aunque se mencione de forma condicional", y aseguró que "el Estado peruano lamenta la pérdida de vidas humanas y los actos vandálicos" registrados durante las movilizaciones.

De acuerdo con la interina "no hemos tenido ningún discurso de polarización, menos de división, siempre hemos llamado a la unión, a la paz", pese a que la violencia ejercida por parte de las fuerzas del estado en algunas protestas, está documentado.

En cuanto a denuncias de su gobierno en el sentido de que había "terroristas" infiltrados en las protestas, Boluarte mencionó que había una investigación del Ministerio Público. Sin embargo, su Gobierno no ha presentado ninguna evidencia de ello.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, para algunos el poder erras del poder, pidió "mutuo respeto y diálogo oportuno" entre el Estado y la CIDH, e instó a hacerlo sin "factores ideológicos y políticos", insinuando que esto fue lo que condicionó el informe de un organismo que es autónomo .

Según Otárola, lo que tenemos hoy en día es un país en paz y en tranquilidad".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó que las manifestaciones contra el Gobierno y el Congreso, que dejaron 55 civiles y un policía muertos, así como 912 lesionados, registró un uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza por los agentes de seguridad.

La presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, puntualizó que en Ayacucho, "hubo violación de los derechos humanos graves que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico y racial".

"Al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre", enfatizó May Macaulay, palabra que no gustó a Boluarte.

A ver si no congelan relaciones con la CIDH.