México necesita fortalecer la regulación del alcohol para proteger la salud pública
En México, el 55.5% de los adultos y el 20.6% de los adolescentes reportaron consumo actual de alcohol, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022 (ENSANUT). Además, el consumo excesivo durante los últimos 30 días alcanzó al 5.2% de los adolescentes y el 19.1% de los adultos, lo que evidencia un importante desafío de salud pública que exige mucho más que acciones de concientización.
En el marco del Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas, que se conmemora cada 15 de noviembre, la Red de Acción sobre Alcohol (RASA) organizó el foro “Retos de México en materia de regulación de las bebidas alcohólicas”, en el que se analizaron los principales desafíos del país y las oportunidades para fortalecer las políticas públicas que regulan la disponibilidad, publicidad y precio del alcohol, tomando como referencia la iniciativa SAFER de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Dicha iniciativa, lanzada en 2018, establece intervenciones prioritarias, basadas en evidencia y consideradas costo-efectivas para reducir los daños asociados al consumo de alcohol: fortalecer las restricciones a su disponibilidad; impulsar medidas contra la conducción bajo sus efectos; facilitar el acceso al tamizaje, las intervenciones breves y el tratamiento; hacer cumplir las prohibiciones o restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio; y aumentar los precios mediante impuestos y políticas fiscales.
Estas acciones orientan la discusión sobre cómo regular la disponibilidad, publicidad y precio del alcohol, así como garantizar la prevención y atención de los problemas relacionados con su consumo. Uno de los componentes consiste en prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol mediante límites de alcoholemia, puntos de control, pruebas aleatorias y sanciones efectivas.
De acuerdo con el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA), en 2022 se registró aliento alcohólico en el 7.7% de las personas involucradas en siniestros de tránsito.
En este contexto, Stephan Brodziak, de El Poder del Consumidor, señaló que “México debe superar el rezago en el etiquetado de bebidas alcohólicas y vehículos, garantizando información clara sobre sus riesgos y fortaleciendo normas como la NOM-194 para incorporar tecnologías que impidan conducir bajo los efectos del alcohol. Estas medidas deben incorporar una perspectiva de género y reconocer que la prevención de riesgos es responsabilidad del Estado y de la industria, no solo de las personas consumidora”.
Más allá de los siniestros viales, SAFER reconoce que reducir los daños del alcohol requiere fortalecer los servicios de salud, mediante la identificación oportuna de patrones de consumo de riesgo, las intervenciones breves y el acceso a tratamientos integrales para las personas con trastornos por consumo de alcohol. En México, de acuerdo con el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, en 2023 un total de 39,086 personas solicitaron tratamiento por consumo nocivo de alcohol.
Esta demanda evidencia la necesidad de ampliar la capacidad de respuesta de los servicios de salud y garantizar una atención oportuna, accesible y de calidad. Al respecto, el Dr. Luis Solís, psiquiatra y especialista en adicciones, afirmó: “En México no podemos seguir tratando los trastornos por consumo de alcohol como un problema individual.
El tratamiento debe ser accesible, oportuno, integral y libre de estigmas; no puede depender de la capacidad económica de las familias ni del lugar donde se vive. Necesitamos fortalecer los servicios de salud, garantizar la continuidad de la atención y reconocer que atender a quienes enfrentan estos trastornos es una responsabilidad del Estado y un derecho de las personas. No basta con advertir sobre los daños del alcohol: México tiene que garantizar que quien necesita ayuda pueda recibirla”.
Garantizar la atención es un componente muy importante; sin embargo, las restricciones integrales a la publicidad, promoción y patrocinio de bebidas alcohólicas, incluidos los medios digitales y las redes sociales, son fundamentales para disuadir el consumo de bebidas alcohólicas y sus consecuencias. La exposición a estas estrategias comerciales contribuye a normalizar el consumo y representa un riesgo particular para niñas, niños y adolescentes. En México persisten importantes vacíos regulatorios. La Dra.
Verónica Lozano, del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones, advirtió: “Tenemos un área de oportunidad muy importante en esta materia: el reglamento a la Ley General de Salud en Materia de Publicidad no se actualiza desde el año 2000, y en ese periodo hemos visto un incremento sustancial de las estrategias de mercadotecnia de bebidas alcohólicas; como el patrocinio de eventos deportivos y musicales, la mercadotecnia y publicidad digital y por redes sociales, la publicidad de bebidas sin alcohol, que hace 10 años eran inexistentes y que hoy requieren una respuesta del gobierno para que estos productos no lleguen a los más jóvenes”.
Y así como el entorno comercial influye en el consumo, también lo hace el precio. La estrategia SAFER reconoce que los impuestos y las políticas de precios son herramientas fundamentales para reducir el consumo, limitar la asequibilidad de las bebidas alcohólicas y generar recursos públicos que pueden destinarse a financiar acciones de prevención y atención de la salud.
En México, el actual esquema del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplica tasas porcentuales sobre el valor de las bebidas, sin establecer una cuota específica por cantidad de alcohol puro. Por ello, resulta necesario actualizar este mecanismo mediante un impuesto vinculado al contenido de alcohol, que contribuya a reducir la disponibilidad de productos de bajo precio y alta graduación alcohólica.
La urgencia de esta medida también se refleja en sus consecuencias económicas. Una estimación publicada por Economics for Health en 2025 calculó que los costos directos e indirectos asociados al consumo de alcohol en México ascienden a 552.2 mil millones de pesos, equivalentes al 2.1% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la recaudación fiscal atribuida a la industria alcoholera se estimó en 57.4 mil millones de pesos. Estos costos recaen en un sistema de salud que necesita más recursos.
El informe Salud quebrada, que El Colegio de México presentó el 9 de noviembre, señala que el gasto público en salud equivale al 2.8% del PIB, menos de la mitad del 6% que recomienda la OMS, y propone llegar al 3.5% en 2030 y al 6% en 2043. El proyecto de presupuesto 2027 plantea un aumento de 10.6% en salud respecto a 2026. Un IEPS vinculado al contenido de alcohol puede complementar ese esfuerzo con recursos adicionales y, al mismo tiempo, reducir el consumo.
Camila Lugo, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señaló que “Gravar el contenido de alcohol puro es una actualización de un impuesto que ya existe. Si su recaudación se destina a prevención y tratamiento, ayuda a reducir la brecha de gasto en salud y, al mismo tiempo, disminuye el consumo”. A las medidas anteriores, se suma el etiquetado como una herramienta complementaria para garantizar el derecho a la información.
Aunque la norma mexicana contempla advertencias generales, todavía no informa explícitamente sobre la relación entre el consumo de alcohol y el cáncer, pese a que la evidencia científica lo vincula con al menos siete tipos de esta enfermedad.
Al respecto, Norberto Hernández, investigador de RASA, señaló: “Un estudio publicado en la revista científica Drugs: Education, Prevention and Policy mostró que la industria alcoholera utiliza elementos de diseño para hacer menos visible el etiquetado y dificultar que las personas conozcan los daños a la salud que produce el consumo de estos productos. La evidencia internacional muestra que las advertencias sanitarias sobre los riesgos de cáncer pueden ser una herramienta importante para aumentar la conciencia de riesgo.
En México, la NOM-142-SSA1/SCFI-2014, publicada en 2015, representa una oportunidad de revisión y fortalecimiento para avanzar hacia un etiquetado más claro, visible y útil para proteger el derecho de las personas a recibir información sobre los riesgos del alcohol”. Las reflexiones del foro coincidieron en que reducir los daños asociados al consumo de alcohol requiere una respuesta integral y sostenida.
En el marco del Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas, RASA hizo un llamado a los poderes Ejecutivo y Legislativo para avanzar en la construcción de una política nacional de alcohol que articule estas medidas, fortalezca la prevención y la atención, incluya en el Paquete Económico 2028 un IEPS vinculado al contenido de alcohol con recaudación destinada a la salud, y coloque la protección de la salud y los derechos de las personas por encima de los intereses comerciales.
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