Mejor preocuparse por esto que por la Alianza: denuncia Amnistía violencia policial en Perú

A la presidenta peruana Dina Boluarte deberían decirle sus asesores que a los habitantes de su país les interesa más frenar el comportamiento violento de sus policías que exigir la presidencia de la Alianza del Pacífico.

Amnistía Internacional denuncia que el Ejército y la Policía Nacional han utilizado armas letales las movilizaciones que comenzaron en diciembre pasado y no han cesado desde la captura y encarcelamiento del presidente Pedro Castillo.

Según la organización no gubernamental, los sectores de la población más atacados por la policía son los de indígenas y campesinas.

Amnistía se basa en la información de la Defensoría del Pueblo de Perú, y consigna que el número de posibles muertes derivadas de la violencia de las fuerzas de seguridad se concentra en zonas de población mayoritariamente indígena.

Dice este organismo de defensa de derechos humanos que "mientras que los departamentos con población mayoritariamente indígena sólo representan el 13% de la población total de Perú, estos concentran el 80% de las muertes totales registradas desde el inicio de la crisis".

Precisa que esto se produjo pese a que el nivel de violencia estatal en estas regiones fue prácticamente igual al registrado en Lima. Por ejemplo, en Juliaca, departamento del Puno donde hay un alto porcentaje de población indígena, al menos 17 personas fueron asesinadas por arma de fuego el 9 de enero durante las protestas.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señala que "no es casualidad que decenas de personas dijeran a Amnistía Internacional que sentían que las autoridades las trataban como animales y no como seres humanos".

Menciona que "el racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas, ha sido el motor de la violencia ejercida como castigo contra las comunidades que han alzado la voz".

Las protestas iniciaron un día después de Boluarte asumiera el cargo el 7 de diciembre, y los manifestantes exigen su renuncia, además del cierre del desacreditado Congreso y el llamado a elecciones generales.

Las movilizaciones fueron reprimidas en forma violenta y los muertos se cuentan por decenas, sobre todo en El Puno y Arequipa.

Erika Guevara Rosas sostuvo que “con un saldo de 48 personas muertas por la represión estatal, 11 en bloqueos de carreteras y un policía, así como centenares de personas heridas en un trágico periodo de violencia estatal, las autoridades peruanas han permitido que, durante más de 2 meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos."

En la investigación en departamentos como Ayacucho, Andahuaylas, Chincheros y Lima, Amnistía Internacional documentó 12 casos de muertes por uso de armas de fuego entre el 29 de enero y el 11 de febrero.

Todos los fallecidos presentaban disparos en el pecho, el torso o la cabeza.

La ONG se entrevistó con peruanos de diversos perfiles, entre ellos representantes de las fuerzas de seguridad, fiscales, funcionarios de la defensoría del pueblo, periodistas, familiares o testigos presenciales.

Amnistía finaliza el informe con 5 sugerencias a las autoridades peruanas:

**"Fin al uso de fuerza letal para dispersar las protestas y evitar uso de armas potencialmente letales".

** "Avanzar urgentemente en la investigación de posibles responsables de violaciones de derechos humanos hasta el más alto nivel".

** "Fin a la estigmatización contra las personas que se manifiestan » y poner fin « a la discriminación racial estructural".

** "Garantizar el cese de la represión y la rendición de cuentas por parte de las autoridades peruanas », por acciones de la comunidad internacional".

**"Proporcionar urgentemente apoyo a familias de personas fallecidas y heridas"

Asimismo, llamó al Gobierno español a dejar de exportar armas y material antidisturbios a Perú.