Mantienen en El Salvador régimen de excepción a cambio de seguridad

Los habitantes de El Salvador ya se acostumbraron a vivir más seguros, cediendo a cambio buena parte de sus libertades.

Esto, luego de que el Congreso de El Salvador, el cual responde a los intereses del préstamo Nayib Bukele a través del partido Nuevas Ideas,  el polémico y cuestionado régimen de excepción para continuar la 

guerra contra las pandillas.

Con esa son ya 51 ocasiones en las que los legisladores renuevan la operación del estado de excepción, situación que impugnó una organización humanitaria que  pidió a la Corte Suprema declarar la medida como inconstitucional.

Según el decreto, que fue avalado con 57 votos de 60 posibles del Congreso, la suspensión de garantías constitucionales derivó  en 92 mil 300 detenciones de personas, a las que el gobierno de Nayib Bukele acusa de pandillerismo, pese a que entre los detenidos hayal menos 8 mil  inocentes. 

El ordenamiento se renueva 30 días más  "con el objetivo de consolidar la desarticulación progresiva de estos grupos delictivos y sus remanentes".

El decreto fue votado sin ningún tipo de análisis y debate parlamentario y en el mismo se asegura que "resulta necesario continuar ejecutando acciones idóneas de combate contra estas estructuras delincuenciales a fin de contrarrestar sus intentos de actuación ilícita, destruyendo cualquier vínculo operativo, financiero o logístico relacionado con sus actividades ilícitas*.

La nueva prórroga estará vigente hasta el 29 de junio próximo, y antes de la "votación", representantes del Movimiento de Víctimas del Régimen presentaron ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad, la cuarta que promueven, son éxito hasta ahora, porque la Corte también responde a Bukele.

El régimen excepcional fue aprobado en marzo de 2022 tras una oleada de asesinatos a manos de pandilleros, que ha dejado 6 mil 400 denuncias de violaciones a derechos humanos y se estima que más de 500 personas han muerto bajo custodia del Estado.