Mantiene gobierno de Perú estado de emergencia por terrorismo: congresistas ajustan cuentas

La violencia y la inestabilidad derivada de las protestas diarias contra la presidencia y el congreso peruanos, ha obligado al gobierno a decretar un prórroga del estado de emergencia en algunas regiones de la zona centro y sur del país.

El decreto indica que "se prorroga por el término de 60 días a partir del 11 de febrero al 11 de abril de 2023, el estado de emergencia en algunos distritos ante la continuidad de actividades terroristas y la comisión de otros ilícitos".

El estado de emergencia se prorroga en 44 distritos de los departamentos de Junín, Huancavelica, Ayacucho y Cusco.

El estado de emergencia significa la suspensión de derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en territorio nacional, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales.

Los distritos señalados pertenecen al área conocida como Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, convulsionada donde operan remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso en actividades de apoyo al narcotráfico.

El pasado 2 de febrero, la canciller Ana Cecilia Gervasi aceptó, en entrevista con The New York Times, que el gobierno no cuenta con evidencia de que las manifestaciones sean impulsadas por grupos criminales, aunque insistió en que se hallarán las pruebas.

Según datos de la Defensoría, hasta la fecha van 60 civiles fallecidos por las protestas sociales como resultado de enfrentamientos con las fuerzas del orden o hechos relacionados.

Mientras tanto, el cada vez más cuestionado y desacreditado Congreso, determinó a través de su Comisión Permanente, el informe final presentado por la fiscal Patricia Benavides, donde recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo por organización criminal y otros delitos. El cuestionado Parlamento informó vía Twitter que "con 19 votos a favor, la Comisión Permanente aprobó el informe final de la denuncia constitucional 307, que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión".

La fiscal general, que ahora hace caso omiso de las acusaciones y señalamientos dentro y fuera del país sobre la represión ordenada por el régimen contra los inconformes, presentó la acusación contra el entonces presidente Pedro Castillo desde octubre pasado, afirmando que había incurrido en actos de corrupción y cometido los delitos que se le imputan. Ahora, la denuncia contra Castillo pasa al pleno, que, de votar a favor de acusar al presidente, la fiscal general podrá continuar su investigación contra el exmandatario en la justicia ordinaria. Adivinen qué va a decidir este Congreso...