Para la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanís Sámano, autoridades locales y federales deben asegurar la no criminalización de las mujeres por el ejercicio de sus derechos sexuales, por lo que deben analizarse casos de personas acusadas por el delito de aborto en todo el país.
Señaló que existen 432 carpetas de investigación abiertas por este delito entre enero y julio de este año, en 27 entidades federativas.
Dijo que ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 7 de septiembre, que determinó por unanimidad la inconstitucionalidad de criminalizar el aborto de manera absoluta, y su postura de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir,ñ sin enfrentar consecuencias penales, las autoridades de los 3 niveles de gobierno, fiscalías y procuradurías, así como poderes judiciales locales, deben coadyuvar en el objetivo de evitar cualquier caso en el que se vulneren los derechos de quienes ejercen la decisión de abortar en los casos permitidos.
Destacó además que el pasado 8 de septiembre, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer el acuerdo mediante el cual se definió que el Instituto Federal de Defensoría Pública brinde asesoría, representación y defensa a toda mujer que sea o haya sido sujeta a procedimiento en su contra por el delito de aborto.
La titular de la Conavim abundó que, conforme a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y julio de este año, suman 432 carpetas de investigación procesadas en contra de personas por el delito de aborto en 27 estados del país, destacando el Estado de México, con 93 casos; Nuevo León, 67; y la Ciudad de México, 52 casos.
Estas entidades concentran el 49% de las carpetas abiertas en los primeros 7 meses de este año, y además, aparecen. Tamaulipas (28 casos), Querétaro (22), Baja California y Guanajuato (18 cada uno), Hidalgo (15), Veracruz (14) y Michoacán (13).
Otras entidades son Aguascalientes y Sonora (10 casos cada uno); Baja California Sur y Morelos (7 cada uno); Chiapas, Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí (6 casos cada uno); Zacatecas (5 casos); Coahuila, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco (4 casos cada uno); así como Chihuahua, Guerrero y Nayarit (3 oor entidad).
Para Alanís Samano, ninguna mujer o persona gestante en el país debe enfrentar un proceso penal por ejercer su derecho al aborto, y el Estado mexicano debe garantizar el acceso a la justicia para quienes hoy están en esa situación, por lo que llamó a las autoridades correspondientes, en el ámbito de sus responsabilidades, hacerlo necesario para evitar la criminalización y revisar estas carpetas de investigación ya identificadas.
