Lacayos: niega El Salvador a fiscal venezolano defensa de los deportados

Las autoridades salvadoreñas no domo le rentaron al gobierno de Estados Unidos su mega cárcel, sino también el manejo de los 3 poderes.

Del ejecutivo encabezado por el presidente Nayib Bukele, las evidencias son claras, y en el caso del legislativo, hay una aplastante mayoría de parlamentarios afines al régimen.

Faltaba el poder judicial, y hace unas horas confirmo que también es una figura decorativa, luego de que la Corte Suprema rechazó el pedido de la fiscalía de Venezuela para defender a 252 migrantes venezolanos presos en la tristemente famosa cárcel salvadoreña, luego de que fueron deportados por Estados Unidos.

El gobierno venezolano calificó la determinación de la "justicia" salvadoreña de "vergonzosa". Los reos venezolanos fueron expulsados de la Unión Americana por el gobierno del presidente convicto Donald Trump el pasado 15 de marzo, acusados de formar parte de bandas criminales sin ofrecer prueba alguna de ello.

Señalados como miembros del grupo criminal Tren de Aragua, fueron enviados a la cárcel de máxima seguridad en El Salvador por el presidente Bukele, señalado como violador de garantías individuales.

La resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que no se ha tomado la molestia de solicitar los expedientes con los cargos que pesan sobre los deportados y las pruebas de ello, declara "sin lugar la intervención requerida mediante correo electrónico particular a nombre del señor -fiscal- Tarek William Saab, por no cumplirse con los presupuestos esenciales establecidos en la legislación nacional y convencional respectiva"

En la resolución, la Corte dio 3 días para que un bufete de abogados, contratado por el gobierno de Venezuela para defender a los migrantes presos, entregue información que complemente un recurso de habeas corpus que presentó a fines de marzo.

De acuerdo con el fiscal de Venezuela, se trata de una "respuesta vergonzosa" y "maniobra dilatoria y evasiva" de la Corte para "desentenderse de su responsabilidad constitucional de proteger la libertad y la integridad personal" de los migrantes.

Agregó que el Estado salvadoreño "ha optado por negar toda cooperación", e insistió en poner a disposición de la justicia salvadoreña 116 entrevistas realizadas a familiares de los detenidos como parte de "búsqueda de justicia".

La resolución salvadoreña pide también a los abogados aclarar "cuál es el reclamo concreto que desean plantear ante esta sala, señalando cuáles son los hechos alegados, además, desde que aclaren "por qué razón aseguran que las personas mencionadas en su escrito de solicitud efectivamente se encuentran privadas de libertad" en el penal de máxima seguridad, pese a que la autoridad es la que debe probar la culpabilidad, y no los acusados su inocencia.

La Corte les solicitó incluso que expliquen "por qué afirman que a los detenidos no se les ha permitido la comunicación con sus familiares y abogados", cuando es evidente que así ha ocurrido

Conocida la resolución, el bufete anunció que presentó este lunes "el escrito de subsanación" solicitado por la Corte.

Curiosamente, los miembros de la Sala Constitucional de El Salvador fueron nombrados en 2021 por el Congreso a fin a Bukele, quien destituyó a los anteriores magistrados, quienes habían emitido fallos que no le agradaron.

Si...el gobierno de El Salvador le alquiló a Estados Unidos algo mas que una cárcel... a los 3 poderes de régimen.