De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana, si realmente queremos que México goce de un Estado de Derecho sólido donde la ley impere y se acabe con la corrupción, se debe fortalecer al Poder Judicial.
Claro que la patronal lo ve como un asunto de dinero y demanda que no se le recorten recursos al ámbito de la justicia.
El problema no solo es de dinero. Nada más ver las últimas determinaciones judiciales en favor de Genaro García Luna y Tomás Zerón. Uno encarcelado en Estados Unidos y el otro prófugo en Israel.
Es también asunto de probidad y no nada más se presupuestos.
Según los empresarios, debilitarlo presupuestalmente, y más bajo premisas equivocadas, valoraciones políticas o amagos para su sometimiento a otros poderes, dañará no solo a jueces, magistrados y ministros; sino a las víctimas y a quienes claman justicia.
Según Coparnex, wl acceso de los mexicanos a la justicia no es negociable, aunque para la mayoría de los mexicanosa justicia va generalmente en función del dinero que se tiene o las influencias con que se cuenta.
Esto último no es factor para los patrones.
Para el sindicato de patrones, una víctima no puede estar sometida a una determinación de saber si hay o no presupuesto suficiente para que su caso sea llevado ante un juez y se le procure justicia.
Señala en un comunicado que la Cámara de Diputados pretende realizar un recorte de entre 15 mil y 25 mil millones de pesos al Poder Judicial de la Federación, que podría representar el 31% del presupuesto que tuvo en 2023, algo inaceptable en un contexto donde año tras año crecen el número de casos y de personas que recurren a instancias legales para hacer valer sus derechos.
A juicio de la Coparmex, importante el Poder Judicial ha sido golpeado desde 2019 en materia presupuestal, y en 2024 se solicitó a los diputados asignarle 84 mil 792 millones, pero se ha anunciado que el bloque mayoritario pretende recortar hasta en 31%.
Así, los empresarios se manifiestan por un análisis profundo de rubros donde el Poder Judicial podría generar economías o reorientar el gasto de manera más eficiente como lo mandata el artículo 134 constitucional, y que una cosa es optimizar el gasto y otra muy distinta ws asfixiar a un Poder por cuestiones políticas o venganzas personales.
Advierten que con un recorte de abre la puerta al deterioro en la calidad de perfiles y a la impunidad, afectando el funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal (que no sanciona a nadie), y la capacitación y profesionalización de los perfiles que laboran en el sistema de justicia.
Dicen también que se pondría en riesgo la certidumbre jurídica de la elección en 2024, porque el número de casos a resolver será enorme, y como lo anuncian cada que ocurre algo que no conviene a sus intereses, auguran que se ahuyentarán las inversiones.
Añade Coparmex que asfixiar al Poder Judicial es un contrasentido que mandaría una pésima señal al mundo y desalentaría la llegada de nuevas inversiones para crear los empleos que los jóvenes demandan.
La patronal no dice nada del fideicomiso multimillonario y de las prenbendas de que gozan algunos miembros del poder judicial
