Juez de la Corte Penal, pide a la Unión Europea actuar para enfrentar sanciones de Estados Unidos

Nicolas Guillou, juez francés que forma parte de la Corte Penal Internacional (CPI) y sancionado por Estados Unidos,  pidió a las instituciones de la Unión Europea medidas "urgentes" para neutralizar la actuación del gobierno del presidente convicto Donald Trump.

Guillou advirtió que "lo que está en juego es la supervivencia de la Corte y lo que representa", luego de explicar ante periodistas tras reunirse a puerta cerrada con los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, que experimenta a diario lo que implica la "falta de soberanía" de Europa cuando no puede pagar en un comercio en línea por las sanciones de Estados Unidos.

El juez mostró su confianza en que el grupo  comunitario recupere esa soberanía con acciones como el proyecto del euro digital, pero demandó acciones más urgentes para el corto plazo, especialmente el uso del Estatuto de Bloqueo, instrumento que tiene Europa para sortear el efecto de sanciones extranjeras en territorio europeo.

Subrayó que "Europa tiene la necesidad de proteger sus valores, necesita proteger a la CPI y a la gente que trabaja ahí, significa trabajar con los bancos, con todas las compañías que trabajan con la Corte y activar el Estatuto de Bloqueo*.

Dijo también que "no va a ser la solución para cada problema que tenemos, pero es la herramienta para asegurar que seguimos trabajando para las víctimas de los peores crímenes".

La CPI, creada en 2002 y con sede en La Haya, es un tribunal encargado de investigar y juzgar a individuos por genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y el crimen de agresión, cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren hacerlo.

Washington mantiene desde hace años una relación difícil con la CPI, tensión que se ha intensificado por las investigaciones del tribunal relacionadas con Israel, que incluyen una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y por investigaciones anteriores sobre presuntos crímenes de guerra..

Las últimas sanciones anunciadas por Estados Unidos a mediados de agosto afectaron a la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, y a un miembro de la Fiscalía, el senegalés Abdoulaye Seye, abogado principal litigante de la Oficina del Fiscal.

Akane y Seye se sumaron a la ‘lista negra’ de Washington en represalia por 2 pesquisas  de la CPI: la de crímenes de guerra en Afganistán, que podría afectar a militares estadounidenses, y la de Palestina, que incluyó la emisión de una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Estados Unidos e Israel no son Estados parte del Estatuto de Roma y rechazan que la CPI tenga jurisdicción sobre sus ciudadanos.