Jueces y magistrados se niegan a devolver recursos para reconstruir Acapulco, acusa Presidencia

En un comunicado, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República denuncia que, en forma rápida, inusual y sin oír a todas las partes en juicio, el juez decimosegundo de Distrito en el estado de Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, otorgó la suspensión definitiva del decreto de 27 de octubre de 2023 con efectos para todos los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.

Con esto, impide de manera indefinida que la Tesorería de la Federación pueda disponer de recursos de sus fideicomisos extintos para la reconstrucción de Acapulco, disposición que ordenó la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 el pasado 9 de noviembre.

Asimismo, la jueza novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, también otorgó la suspensión con efectos generales que le favorece, así como a los demás jueces y magistrados, hayan promovido o no, juicio de amparo.

La suspensión solo debía otorgarse de existir un acto concreto derivado de la norma que afectara la esfera jurídica de los quejosos, y no en favor de terceros ajenos al juicio.

Un juez no puede conocer de un juicio en el que pueda tener interés personal.

El artículo 17 constitucional, así como los numerales 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, consagran la imparcialidad judicial como requisito del Estado de derecho, donde incluso las apariencias tienen gran importancia, pues lo que está en juego es la confianza que los tribunales en una sociedad democrática deben inspirar al público y, sobre todo, a las partes que intervienen en un determinado juicio.

Dice la Consejería que jueces y magistrados, resuelven amparos que les benefician con el pretexto de defender la independencia judicial; pretenden mantener el control de recursos públicos de los fideicomisos, para otorgarse beneficios extraordinarios de los que no gozan los demás servidores públicos.

Por ejemplo, trabajadores del sector privado y de la administración pública aportan cuotas para recibir prestaciones de seguridad social (pensionesy servicios médicos, entre otros). En cambio, estos jueces y magistrados, que se colocan en una “situación especial”, buscan beneficiarse de recursos públicos de los fideicomisos sin haber realizado ninguna aportación extraordinaria para recibir “pensiones y seguros médicos complementarios”, que se cubren con las contribuciones de la población.

Contrario a lo que sostienen jueces y magistrados, el que perciban beneficios extraordinarios a cargo de los recursos públicos garantiza independencia judicial.

Para el gobierno federal, por ética judicial, los juzgadores debieron abstenerse de conocer de los juicios de amparo y recursos interpuestos contra la extinción de fideicomisos del PJF. No debieron anteponer sus intereses por encima del bienestar de la población de Acapulco, que requiere una actitud solidaria.

Recuerda la Consejería Jurídica que el pasado 31 de octubre, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, públicamente señaló que “la propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población.

Trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida”.

Por estas razones y al tratarse de un asunto inédito, de orden público,interés social y trascendencia nacional, con fundamento en los artículos 94 de la Constitución y 80 bis de la Ley de Amparo, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal está solicitando a la presidenta de la SCJN, que se ejerza la facultad de atracción del alto tribunal y resuelva de forma prioritaria los juicios de amparo promovidos por integrantes del PJF, ya que éstos, al estar interesados en mantener el control de recursos públicos obtenidos con las aportaciones de los contribuyentes, están impedidos para resolver con imparcialidad dichos juicios de amparo.

La SCJN debe atraer y resolver de forma prioritaria los asuntos de referencia, toda vez que existen características excepcionales y trascendentes al verse involucrados intereses económicos de jueces, magistrados y demás personal del PJF, lo cual se contrapone con el interés público de la sociedad para utilizar los recursos públicos en la atención a la población de Acapulco y Coyuca de Benítez.

Agrega el comunicado de la Consejería Jurídica de la Presidencia que tiene confianza en que algunos ministros harán honor a su cargo y actuarán con imparcialidad