Investigan en Estados estrategia de la DEA que mantuvo fentanilo en las calles

La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes tiene puesto el ojo en una cuestionada táctica policial que permitió que importantes cantidades de fentanilo llegaran a las calles cuando las autoridades federales buscaban armar casos antidrogas de mayor envergadura se encuentra.

El presidente de esa comisión, el republicano James Comer, envió una carta al secretario de Justicia Todd Blanche para solicitar registros relacionados con la estrategia de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), de vigilar pero no incautar grandes cargamentos de fentanilo.

Esta solicitud hace recordar las preocupaciones de funcionarios de Nuevo México, estado epicentro de la crisis del fentanilo, donde informantes de la DEA dijeron que se les ordenó hacerse a un lado en lugar de incautar cientos de miles de pastillas de fentanilo.

Esto significaría una violación de normas del Departamento de Justicia destinadas a proteger a las comunidades. El fiscal general del estado de Nuevo México, Raúl Torrez, demandó al ese Departamento para intentar obligarlo a entregar algunos de los registros que buscan los republicanos de la comisión de Comer.

La demanda y pesquisa del Congreso ocurren meses después que una investigación de la agenda de noticias AP descubriera que agentes de la DEA vigilaron grandes cargamentos de fentanilo en Nuevo México entre 2023 y 2025, permitiendo que llegaran a las calles mientras que autoridades federales fortalecían casos penales.

El fentanilo no fue incautado en medio de la epidemia de drogas más letal en la historia de Estados Unidos, incluso cuando la DEA encabezaba una campaña de concientización pública llamada “One Pill Can Kill” (“Una pastilla puede matar”), que subrayaba que unos pocos miligramos de la sustancia pueden ser letales.

La Casa Blanca designó al opioide como un “arma de destrucción masiva”.

Sin embargo, y en una más de las argucias partidistas que caracterizan a los partidos políticos en Estados Unidos, Comer solo solicitó los registros que abarcan el gobierno del demócrata Joe Biden, pretextando una “relajación de los protocolos de mitigación de riesgos del fentanilo” desarrollados durante el primer mandato del presidente Donald Trump, lis cuales según Comer, deberían haber evitado que el fentanilo llegara a las calles en cantidades tan grandes.

La política adoptada en 2017, pedía a los agentes “incautar o impedir de otro modo la distribución” de fentanilo “tan pronto como fuera practicable”.

El Departamento de Justicia reescribió las normas en 2024 para dar a las fuerzas policiales más discrecionalidad sobre si actuar para impedir el tráfico de fentanilo, al citar “los beneficios que se lograrían al preservar la investigación”.

La indagación de la AP reveló que la estrategia investigativa continuó durante el segundo gobierno de Trump, en el periodo previo al mayor decomiso de fentanilo en la historia de la DEA, operación anunciada en mayo de 2025 por la entonces secretaria de Justicia Pam Bondi.

Justicia al gusto de un partido político, no de las necesidades del país.