Hace precisiones la FGR sobre Ernesto Ruffo y huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) hizo algunas precisiones sobre las investigaciones de lo que llamó "la más grande red de contrabando de hidrocarburos realizada por vías férreas" que según la dependencia, habría generado un perjuicio a la hacienda pública por más de 4 mil millones de pesos.

La investigación tuvo origen en el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila. Se practicaron inspecciones, toma de muestras y dictámenes periciales para determinar el contenido de los ferrotanques, así como la implementación de medidas de seguridad y preservación de indicios.

La pesquisa se amplió hacia el análisis de la cadena logística del producto, y se identificaron ferrotanques relacionados con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo Laredo con las mismas características de importación irregular, al haberse declarado solo 10% de lo que realmente contenían, permitiéndose reconstruir gradualmente la ruta ferroviaria utilizada para el traslado del combustible.

El análisis de pedimentos, facturas, cartas porte, información ferroviaria y documentación corporativa permitió identificar a la importadora principal, una sociedad constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México. Inicialmente, la empresa fue constituida por José "N" y 2 personas morales.

Dos meses después de su constitución, en una asamblea celebrada en octubre de 2018, Ernesto "N" inició su participación mediante su incorporación al capital variable de la empresa. Para 2021, ya figuraba como accionista y fue designado Secretario del Consejo de Administración, participando junto con José "N" en la conducción, representación legal y toma de decisiones de la sociedad.

La investigación permitió advertir que tanto José "N" como Ernesto "N" comparecieron en diversos actos corporativos, modificaciones societarias y otorgamiento de poderes, particularmente relacionados con actividades de administración, comercio exterior, gestiones ante autoridades fiscales y aduaneras, así como en la operación general de la empresa.

Durante los años siguientes, la empresa amplió su objeto social para incluir actividades relacionadas con el almacenamiento, importación, exportación, transporte y manejo de hidrocarburos, así como la operación de terminales ferroviarias y servicios auxiliares vinculados al sector energético, elementos que posteriormente adquirieron relevancia dentro de la investigación.

Como resultado de esta labor se han integrado hasta este momento 96 datos de prueba, entre los que destacan dictámenes periciales en química, para determinar la naturaleza y características de los hidrocarburos asegurados; dictámenes en ingeniería mecánica y eléctrica, para establecer la capacidad real de los ferrotanques y los volúmenes efectivamente transportados; dictámenes en fotografía, para documentar técnicamente los hallazgos y actos de investigación realizados; dictámenes en criminalística.

La investigación evolucionó del hallazgo de ferrotanques aparentemente abandonados hasta la identificación de una estructura empresarial con capacidad de importación de hidrocarburos, operación ferroviaria especializada y una red logística de alcance interestatal. 

La Fiscalía aclara que hasta este momento se ha imputado un perjuicio fiscal de más de 100 millones de pesos derivado del contrabando realizado mediante 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025.

Sin embargo, del cruce de información entre la Agencia Nacional de Aduanas y el Servicio de Administración Tributaria se logró establecer la reiteración de más de 4 mil operaciones irregulares durante el primer semestre de ese año, lo que podría ascender a más de cuatro mil millones de pesos de daño patrimonial a la nación.

Asimismo, la FGR señala que el delito de delincuencia organizada, de acuerdo con la Constitución, amerita prisión preventiva oficiosa. Ernesto "N" no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas que hemos referido.

La Fiscalía General de la República reitera que dichas investigaciones son totalmente apegadas a derecho, sin ningún sesgo de otra índole, respetándose en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas imputadas.