El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la Guardia Nacional entregar información de la adjudicación directa por más de 4 mil 156 millones de pesos por la renta de mil 500 patrullas, además de copias de contratos por renta o compra de patrullas, carros, camionetas, ambulancias y motos desde 2018, y detallar el destino de los patrulleros que tenían asignadas las unidades y qué vehículos se les entregaron.
Una persona solicitó a la Guardia Nacional información relativa al oficio PF/SG/CSG/1046/2018 del 6 de julio de 2018, en el que se notificó a “Integra Arrenda” la adjudicación directa por 4 mil 156 millones 670 mil 827 pesos por concepto de renta de mil 500 patrullas; se requirió monto total pagado, número de patrullas rentadas, copia del acta de entrega de éstas, y que se informe si otra vez le rentaron o compraron a la misma empresa, o si permitirán la libre participación de otras marcas de vehículos y equipo policial.
También se pidió se informe el destino de los patrulleros que tenían estas unidades y qué nuevas unidades se les asignaron, además de la copia de los contratos por renta o compra de patrullas, carros, camionetas, ambulancias y motos de 2018 a la fecha.
El sujeto obligado respondió que ofrecía como modalidades de entrega de la información solicitada una consulta directa en las instalaciones de su unidad de transparencia, así como el envío a domicilio; ante eso, la persona recurrente se inconformó con la modalidad de entrega de la información pues la requirió en medio electrónico.
En el análisis del caso a cargo del Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, se determinó revocar la respuesta de la Guardia Nacional, en tanto que se advirtió que respecto de la información puesta a disposición, el sujeto obligado debe contar con la misma en formato electrónico al tratarse de una obligación de transparencia de libre consulta en la Plataforma Nacional de Transparencia, al igual que los contratos referidos, en los que se erogaron recursos públicos.
El Comisionado señaló que el sujeto obligado respondió con la puesta a disposición sólo de 2 contratos y omitió pronunciarse sobre los demás cuestionamientos formulados por la persona solicitante, vulnerando el principio de exhaustividad que debe prevalecer en todo acto administrativo, además de que tal actuación no garantizó a cabalidad el derecho de acceso a la información.
Respecto a la información de la adjudicación directa por más de 4 mil 156 millones de pesos por la renta de mil 500 patrullas y los detalles respectivos, se le ordenó una nueva búsqueda en todas sus unidades administrativas competentes, entre ellas la Dirección General de Recursos Materiales y la Dirección General de Recursos Financieros, para que se informe el resultado de dicha búsqueda.
