Grupo de exfuncionarios electorales y activistas piden que no descalificar a nadie en la reforma

Un grupo de exfuncionarios electorales, así como académicos, juristas y civiles, dieron a conocer su segundo comunicado, en el que apuntan que la creación de una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral integrada con funcionarios gubernamentales, tiene la responsabilidad de promover una deliberación amplia y plural, y de conducir un debate público incluyente para que la reforma sea diseñada por todos los grupos y actores de la sociedad.

Mencionan que, a lo largo de más de 40 años, las y los mexicanos "hemos construido instituciones con procedimientos claros y transparentes" que permitieron organizar procesos electorales creíbles y confiables, con la participación de millones de personas convencidas del valor de su voto y de la opción democrática.

El texto no alude a lo ocurrido en 2006.

Exponen que todas las modificaciones al sistema electoral mexicano se construyeron a través del diálogo plural y de mesas de negociación incluyentes. Una nueva reforma electoral no puede partir de cero y es fundamental tomar en cuenta nuestra historia democrática, en la búsqueda de su fortalecimiento y la construcción de nuevos consensos.

Sostienen que su movimiento denominado

#Consenso Electoral, es un esfuerzo abierto y plural que busca preservar la integridad democrática, asegurando que su llamado es a que la reforma electoral se discuta en un debate y diálogo auténticos, con base en argumentos y propuestas, sin comentarios descalificadores hacia este u otros grupos.

Los firmantes rechazan expresiones que buscan dividir y confrontar, y reiteran los 6 principios fundamentales que debe contemplar la reforma electoral:

1. Fortalecer mecanismos de representación política. Acercar la distribución de asientos en los congresos al porcentaje de votos obtenidos en las urnas. Hay múltiples modelos de representación que dan voz efectiva a las minorías respetando los votos emitidos en las urnas.

2. Preservar y fortalecer autonomía e independencia de los organismos electorales en los ámbitos federal y estatal. El Servicio Profesional Electoral Nacional, en cada distrito electoral y en cada entidad federativa, debe seguir siendo el pilar de la imparcialidad.

3. Designación de consejerías y magistraturas electorales, pata lo cual existen modelos para

seleccionar a quienes deben encabezar las instituciones electorales. Deben prevalecer experiencia, conocimiento, imparcialidad y técnica, designados por el Congreso y no por voto popular.

4. Registro Federal de Electores, padrón, listados nominales, Credencial para Votar con Fotografía. Deben mantenerse bajo la administración de la autoridad electoral administrativa, con la vigilancia de las representaciones y técnicos de los partidos políticos.

5. Sistema eficaz de rendición de cuentas y fiscalización de recursos públicos y privados de los partidos, para garantizar campañas equitativas, evitar el uso y desvío de recursos públicos, y erradicar la compra y coacción del voto.

6. Poder Judicial. La experiencia de la elección judicial de 2025, hace evidente la necesidad de modificar las reglas y procedimientos, para que la designación de personas juzgadoras privilegie sus méritos, capacidad técnica, garantice su independencia y que formen parte de una carrera judicial.

La misma independencia que no se mostró en buena parte de las decisiones adoptadas por la saliente Suprema Corte de Justicia de la Nación, con casos como tal de Ricardo Salinas Pliego, que este documento de expertos y ex funcionarios electorales, no se menciona.

Agregan que en días anteriores, hicieron público un primer comunicado bajo la idea de un Consenso Electoral, convencidos de que la próxima reforma debe surgir de un debate nacional y del consenso democrático, llamado al que, dicen, se han sumado muchas más voces.