Gobierno pide a Corte resolver impugnaciones contra Ley General de Comunicación Social de 2018

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal solicitó a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en orden de prelación y por seguridad jurídica, el alto tribunal proceda a resolver primero sobre la constitucionalidad del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social el 11 de mayo de 2018, y luego se analice la validez de la reforma a dicha norma, aprobada en diciembre de 2022.

Cabe recordar que la expedición de la Ley referida, fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 por las mayorías parlamentarias de PRI y el PAN, lo cual fue cuestionado por la entonces minoría en la Cámara de Senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el partido Movimiento Ciudadano, al considerar que existieron vicios en el procedimiento legislativo y que algunas disposiciones, según los accionantes, no son acordes con la Constitución federal.

Al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas, la SCJN consideró que la Ley impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta, contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad 2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022 (plan B).

Hasta la fecha, la Corte no ha dictado sentencia definitiva a pesar de que han transcurrido prácticamente 5 años desde su impugnación en 2018.

La solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal busca evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica, por lo que hace un respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión.