Frena jueza federal operativos de Trump en 9 estados que buscan impedir un presunto fraude electoral

El poder judicial en Estados Unidos está atento a los intentos tramposos del presidente convicto Donald Trump para  intervenir en el proceso electoral, donde se prevé que sufra una contundente derrota.

La jueza federal Araceli Martínez adscrita al estado de California bloqueó la mayor parte de las operaciones de campo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS,) enfocadas en un supuesto fraude electoral en 9 estados.

El fallo se produjo el miércoles, se hizo público el jueves, y la jueza Martínez-Olguín prohibió a la dependencia federal realizar “operaciones de campo y entrevistas en terreno relacionadas con las elecciones” en  California, Connecticut, Georgia, Misuri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin.

Personal del DHS han adelantado operativos relacionados con un supuesto fraude en las elecciones, donde han cuestionado a votantes inscritos a partir de ​​listas provenientes tanto de padrones electorales estatales oficiales como de bases de datos que la jueza calificó de "cuestionables".

La demanda fue presentada por la Asociación de Enfermeras de California y National Nurses United, junto con la Fundación Voto Latino, la ciudad de San Francisco y el condado de Santa Clara, y la jueza explicó en su fallo que los demandantes no alegan, ni el tribunal considera, que sea ilegal que los funcionarios federales lleven a cabo investigaciones sobre el voto ilícito en elecciones federales.

Más bien, impedir que intimiden a ciudadanos estadounidenses y amenacen su participación en las elecciones, por lo que las operaciones quedan bloqueadas solo en casos en que los agentes del DHS sospechen de personas que a su juicio razonable, son ciudadanos estadounidenses.

Beau Tremitiere, abogado de la organización Protect Democracy que representa a los demandantes, dijo en un comunicado que el fallo de debe recordar que, en la democracia estadounidense, el poder supremo reside en los ciudadanos estadounidenses, no en el Gobierno.

La jueza ha dado plazo hasta este viernes para que entre en vigor la orden, dando oportunidad al Gobierno del presidente Donald Trump de apelar la decisión.