FGR hará su propia investigación sobre gobernador y funcionarios de Sinaloa no envía pruebas Estados Unidos

La Fiscalía General de la República informa que en el caso de funcionarios de Sinaloa cuyo arresto fue solicitado por Estados, como en cualquier otro caso de solicitud internacional, debe cumplir procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente en la materia.

El titular de la fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, y vocero de esa institución, Ulises Lara López, indicó que la Fiscalía fue notificada por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición hechas por el Gobierno de los Estados Unidos, y que con  fundamento en la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las Leyes aplicables en la materia, es obligación de la Fiscalía, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida 

Esto con la finalidad de establecer, con toda exactitud, si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y, en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud.

De la misma manera, Lara López precisó  que la Fiscalía General de la República iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.

El vocero de la Fiscalía apuntó que la legislación mexicana señala que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito.

Mas aún, expuso que el Tratado Bilateral en la materia refiere que solo se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la parte requerida, en este caso de nuestro país y señaló que la solicitud estadounidense no se acompaña de elementos probatorios suficientes, que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados. 

Además, la propia solicitud de los Estados Unidos requiere que el Gobierno de México tome medidas para asegurar que la información contenida en cualquier solicitud de detención provisional o de extradición que haya sido entregada o vaya a ser entregada, no sea divulgada ni se haga del dominio público, como ocurrió con este caso por propio dicho de las autoridades estadounidenses.

Lara López agregó que, por otra parte, la legislación mexicana refiere que en el caso de gobernadores y senadores, se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal a las personas servidoras públicas que ostenten dichos cargos.