El 7 de diciembre de 2022, el Congreso peruano destituyó y encarceló al presidente Pedro Castillo, acusado de haber intentado disolver ese órgano.
Dina Boluarte, hasta entonces vicepresidenta, sustituyó a Castillo, lo que provocó una serie de protestas en Perú, exigiendo la celebración de elecciones, la reforma constitucional y la liberación de Castillo, entre otras demandas.
La respuesta del gobierno fue declarar el estado de emergencia originalmente durante un mes, pero la medida se ha renovado 2 veces sin que se atiendan las demandas de la población.
En este marco, un grupo de 7 relatores especiales 2 grupos de trabajo de la ONU en derechos humanos informó tener denuncias de represión, asesinatos, arrestos y desapariciones forzadas de manifestantes en el país andino.
Esos informes dan cuenta de 48 manifestantes muertos, 1301 heridos, cientos de detenidos y al menos un desaparecido.
“Las graves denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las agencias de seguridad y la incapacidad del gobierno de crear un entorno propicio para el diálogo son motivo de gran preocupación”, apuntaron los expertos.
Agregaron que en toda sociedad democrática, la gente tiene derecho a protestar y plantear sus preocupaciones sobre los cambios políticos que afectan sus vidas y medios de subsistencia.
De acuerdo con los expertos, la democracia peruana se enfrenta a una crisis de credibilidad que sólo puede resolverse mediante un diálogo genuino, en el que participe la población y se tengan en cuenta sus aspiraciones de reforma, por lo que conminaron a las autoridades a iniciar ese proceso para poner fin a la crisis política. (Naciones Unidas)
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