El presidente salvadoreño Nayib Bukele aseguró hace unas horas que su país es de los más seguros que existen en occidente, gracias a sus políticas de combate a las pandillas. Sin embargo, hay otro precio que pagan los habitantes de El Salvador por esa seguridad que presume el mandatario, quien ganó la reelección manipulando al Poder Judicial.
Un informe anual presentado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) sobre la situación en el país centroamericano en 2023, indica que el Estado se posicionó en 2023 como uno de los principales violadores de derechos humanos en el país, en el marco del régimen de excepción vigente desde 2022 para combatir a las pandillas.
Entre otros ilícitos, se destacan los desplazamientos forzados, así como vulneraciones a la libertad y a la vida. Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana del que forma parte el OUDH, dijo que "es preocupante lo grave que resulta que, a partir del régimen de excepción, es el Estado el principal agente generador de desplazamiento, de afectaciones a la integridad y la vida".
El Salvador vive bajo un régimen de excepción donde fueron suspendidos derechos constitucionales, desde marzo de 2022 a raíz de un repunte en los homicidios por parte de las pandillas, y esa nueva política de seguridad ha dejado más de 79 mil detenciones y más de 6 mil denuncias de violaciones a derechos.
Jorge Rodríguez, coordinador del OUDH, señala a su vez que la Procuraduría General de la República registró un aumento de víctimas de desplazamiento forzado del 78,5% en 2023, con poco más de 2 mil personas afectadas. La PGR no detalló el total de hechos generadores o de supuestos victimarios, de los que según organizaciones humanitarias, son responsables agentes de las fuerzas estatales.
Rodríguez también expuso que la letalidad de las fuerzas estatales creció en 134 %, pasando de un índice de 1,61% en 2022 a 3,78%, mientras que el 11% de las muertes violentas habrían ocurrido a manos de policías y soldados en supuestos enfrentamientos.
En tanto, fueron registradas en 2023 al menos 123 casos de desapariciones forzadas de corta duración, en las que las familias desconocen el paradero y situación de las personas detenidas por falta de información oficial. De acuerdo con Santos, en El Salvador "no hay ningún tipo de garantías y esto se vincula con la inexistencia del sistema nacional de derechos humanos".
La activista recordó que el fiscal general, Rodolfo Delgado, decidió archivar al menos 142 casos de muertes de personas detenidas en el marco del régimen de excepción, que actualmente suma más de 200 decesos en las prisiones.
