El estado de excepción al que ha sido sometido el pueblo de El Salvador desde hace más de 2 años le permitió al presidente Nayib Bukele reducir los niveles de criminalidad de manera importante y le abrió la puerta para aprovechar su popularidad para que el poder judicial
violara la Constitución y lo habilitara para competir por la reelección, cosa que logró.
La pérdida de garantías individuales se ha expresado con mayor crudeza en los centros de detención incluida la mega cárcel construida por el régimen para albergar a los miles de detenidos, en su mayoría, miembros de pandillas, así como un número importante de inocentes.
Ingrid Escobar, directora de la organización civil Socorro Jurídico Humanitario, de inicio que la cifra de personas que han muerto mientras estaban en custodia de las autoridades de seguridad de El Salvador es ya de 301 y, asegura que la mayoría se habrían dado de forma violenta.
Dijo en declaraciones a la agencia de noticias Efe que "en 26 meses del régimen de excepción hemos constatado la muerte de al menos 301 personas en centros penales de El Salvador", señalando que, de esta cifra, solo una persona falleció en la mega cárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo y el resto en otras prisiones así como en calabozos de la Policía Nacional Civil.
Escobar sostuvo que casi la mitad de esas muertes "han sido por torturas, muertes violentas" y un tercio más, por falta de atención médica
La activista mencionó que apuntó son más de 500 las denuncias de muertes de personas detenidas en centros penales las que ha recibido la organización no gubernamental que encabeza, pero que hasta ahora solo ha confirmado esas 301.
El régimen de excepción y pérdida de garantías individuales, fue aprobado en marzo de 2022 por el Congreso, luego de un fuerte aumento de asesinatos en el cual perdieron la vida 80 personas en 3 días. Mes con mes, los legisladores afines a Bukele, han avalado todas las solicitudes del presidente salvadoreño para prorrogar dicho estado de excepción.
En ese lapso se han efectuado más de 80 mil arrestos, y son más de 7 mil las personas que han salido en libertad condicional. Las organizaciones humanitarias han recibido más 6 mil denuncias de violaciones a derechos humanos principalmente por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de corta de duración.
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