El Salvador enfila hacia una dictadura, sostienen ONG's

La decisión del oficialista congreso salvadoreño de aprobar la reelección presidencial indefinida para que Nayib Bukele tenga la opción de perpetuarse en el poder, es para las organizaciones de derechos humanos del país centroamericana el tiro de gracia a la democracia.

Controlado por este dictador en embrión, la llamada Asamblea Nacional, aprobó sin análisis ni dictamen previo, una reforma constitucional que permite la reelección presidencial "sin reservas", amplía el mandato de gobierno de 5 a 6 años y sincroniza las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

Más aún, está reforma cuyo fondo obvio es que Bukele tenga un tercer mandato en 2927,  elimina la segunda vuelta electoral.

En un comunicado la agrupación Cristosal, una de las organizaciones que ha denunciado la "escalada represiva" desde que Bukele asumió la presidencia en 2019, aseguro que es "el tiro de gracia a la democracia en El Salvador", la decisión de los"legisladores".

Esta ONG, que debió suspender sus actividades en El Salvador y salir del país por la "persecución" del gobierno, señaló que "este último golpe al sistema democrático no devuelve el poder al pueblo, como afirma la narrativa oficial: se lo entrega sin límites a la familia gobernante" 

Apenas en mayo pasado la jefa anticorrupción de Cristosal, la abogada Ruth López, fue detenida por supuesto enriquecimiento ilícito en una cuestionada acusación de la Fiscalía que tambiey está al servicio del aspirante a dictador . 

Por su parte, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos condenó lo siento califica de "flagrante manipulación de la Constitución de El Salvador" que le "otorga a Bukele reelecciones ilimitadas", y sostuvo que "a esto conducen inevitablemente años de manipulación constitucional gradual: al desmantelamiento de la propia democracia".

Bukele, tiene amplio apoyo popular gracias a la guerra que emprendió contra las pandillas, la cual redujo a mínimos históricos la violencia en el país, con el costo para las garantías individuales en un régimen de excepción que lleva a la cárcel lo mismo a criminales que inocentes detenidos sin orden judicial.

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, consideró que "es necesario consultar al pueblo" sobre una reforma constitucional de este tipo "porque esto significa un cambio grande en el sistema democrático".

El subdirector para las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier, dijo finalmente a la agencia noticiosas AFP, que el Salvador va "camino a una dictadura" por el "desmantelamiento de la Constitución".