Cerca de mil millones de dólares fueron los que invirtieron los países desarrollados en otros estados con el objetivo de afrontar una guerra contra las drogas en donde no han resuelto el problema, y en cambio, esta política he tenido otras consecuencias en materia de derechos humanos.
Esto se explica en el informe denominado “Ayuda para la guerra contra las drogas”, realizado por la ONG Harm Reduction International, en donde se analizó el destino de recursos que se destinan a la estrategia global, y según Helen Clark, presidenta de la Comisión Global de Políticas de Drogas, "la guerra contra las drogas ha fracasado. Los gobiernos necesitan asegurar que el presupuesto de la asistencia al desarrollo es usado para promover la salud y los derechos humanos, no para financiar políticas represivas de control de drogas que han demostrado ser más dañinas e ineficaces".
Esta organización estudió datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y concluyó que 92 países recibieron fondos por un total de 974 millones de dólares entre 2012 y 2021, proviniendo la mayor parte de los recursos de Estados Unidos con 550 millones y la Unión Europea con 282 millones, seguidos con pequeñas cantidades por Corea del Sur, Finlandia, Alemania, Reino Unido y Japón.
Los principales países beneficiarios fueron Colombia con 109 millones de dólares; Afganistán 37 millones); Perú 27 y México 21 millones. Pese a esto, Colombia sigue siendo el país que produce más cocaína, mientras que en México hay una crisis humanitaria que se traduce en más de 110 mil personas desaparecidas, la mayoría desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico en 2006, sin que haya visos de que la cifra se reduzca o disminuya la violencia.
Afganistán es líder en la producción de opio, recibió fondos aún después de que los talibanes tomaran el poder en 2021, y no pasa nada pero sí se violan derechos humanos Irán, Indonesia y Singapur también reciben ayudas para la lucha antinarcóticos, a pesar de que tienen leyes que imponen pena de muerte por delitos vinculados a las drogas.
El informe destaca que los países ricos destinan más ayuda extranjera a la guerra contra las drogas que a proyectos sociales como alimentación escolar, seguridad alimentaria, educación de la primera infancia, derechos laborales o salud mental. En el fondo, dice la ONG, solo refuerzan una estrategia basada en visiones racistas y coloniales encabezadas por Estados Unidos que permiten gastar recursos públicos millonarios para reforzar o expandir políticas punitivas de control de drogas, basadas en el prohibicionismo, criminalización de los usuarios de sustancias y militarización del combate.
Harm Reduction International señala que "estos flujos de financiación están fuera del ritmo de la evidencia existente, así como de los compromisos internacionales de desarrollo, salud y derechos humanos que dependen y refuerzan sistemas que perjudican desproporcionadamente" a personas negras, morenas e indígenas en todo el mundo”.
La ayuda se destina a regímenes antidrogas punitivos y dañinos, en lugar de aceptar la "abrumadora evidencia" a favor de aplicar políticas de drogas basadas en la salud y los derechos humanos y con estándares internacionales claros, y para la ONG, “es posible que las políticas y leyes de drogas contribuyan a sociedades más saludables y seguras. Esto requiere cambios en la forma en que se asignan actualmente los recursos."
"La política de drogas y los flujos de financiación internacionales asociados deben ser descolonizados. Los daños causados por los países que difunden políticas punitivas de drogas deben ser reparados; las comunidades destruidas deben ser reconstruidas", concluye.
