El Departamento de Justicia toma medidas para reforzar la pena de muerte federal

La orden ejecutiva del presidente Trump, emitida el primer día de su mandato, instruyó al Departamento a priorizar la búsqueda e implementación de sentencias de muerte para proteger la seguridad pública.

Hoy, el Departamento de Justicia reafirmó su solemne deber de buscar, obtener e implementar sentencias capitales legales, allanando el camino para que pueda llevar a cabo ejecuciones una vez que los reclusos condenados a muerte hayan agotado sus apelaciones.

Entre las medidas adoptadas se encuentran la readopción del protocolo de inyección letal utilizado durante la primera administración Trump, la ampliación del protocolo para incluir otros métodos de ejecución, como el fusilamiento, y la simplificación de los procesos internos para agilizar los casos de pena de muerte. Estas medidas son cruciales para disuadir los crímenes más bárbaros, hacer justicia a las víctimas y brindar un cierre largamente esperado a los seres queridos que han sobrevivido.

“La administración anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a perseguir y aplicar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías”, declaró el fiscal general interino Todd Blanche. “Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a apoyar a las víctimas”.

En su primer día en el cargo, el presidente Trump ordenó al Departamento de Justicia que priorizara la solicitud de la pena de muerte en los casos apropiados, su pronta ejecución y el fortalecimiento de la pena capital. Desde entonces, el Departamento ha tomado medidas constantes para implementar dicha directiva y revertir los esfuerzos del Departamento de Justicia de Biden por debilitar la pena de muerte.

El Departamento de Justicia de Biden, bajo la dirección del Fiscal General Merrick Garland, se desmarcó drásticamente de su enfoque tradicional respecto a los delitos capitales y tomó medidas extraordinarias para debilitar, retrasar y desmantelar la pena de muerte. Al hacerlo, causó un daño incalculable al público. Específicamente, el Departamento de Justicia de Biden:

• Se impuso una moratoria indefinida a las ejecuciones basándose en un análisis profundamente erróneo que afirmaba que la práctica federal vigente de ejecución mediante inyección letal con pentobarbital no podía llevarse a cabo sin arriesgarse a "dolor y sufrimiento innecesarios".

• Se negó a solicitar la pena de muerte en muchos casos horribles, incluso cuando fiscales de carrera y los propios fiscales federales de Biden la recomendaron, incluidos casos que involucran a violadores y asesinos de niños; autores de tiroteos masivos por motivos raciales; y pandilleros y narcotraficantes que asesinaron a agentes del orden, testigos del gobierno e informantes.

• Se abandonaron los procesos penales con pena capital que anteriores fiscales generales habían autorizado legalmente y que los fiscales federales estaban litigando activamente, en contra de los deseos de las familias de las víctimas y de los fiscales de carrera.

• Instó al presidente Biden a vaciar de facto el corredor de la muerte federal conmutando las sentencias de muerte de 37 de los 40 reclusos condenados a muerte, basándose en la oposición personal del fiscal general Garland a la pena capital, sin consultar a todas las familias de las víctimas.

Bajo el liderazgo del presidente Trump y el fiscal general interino Todd Blanche, el Departamento de Justicia está comprometido a corregir estas fallas y restablecer la aplicación legal de la pena de muerte. El Departamento ha revocado la moratoria Biden-Garland sobre las ejecuciones federales y ha autorizado la solicitud de sentencias de muerte contra 44 acusados.

El fiscal general interino Blanche ya ha autorizado la solicitud de sentencias de muerte contra nueve de estos acusados, incluidos tres miembros de la MS-13, dos de los cuales son inmigrantes indocumentados, acusados ​​del asesinato de un testigo federal.

Hoy, el Departamento de Justicia tomó las siguientes medidas para mejorar la seguridad pública y brindar justicia a las víctimas de los crímenes más atroces:

• Se publicó el Informe sobre la restauración y el fortalecimiento de la pena de muerte federal  , que examina las acciones del Departamento de Justicia de Biden-Garland y, tras un análisis exhaustivo, concluye que el uso de pentobarbital para ejecutar sentencias de muerte es compatible con la Octava Enmienda.

• Ordenó a la Oficina Federal de Prisiones (BOP) que restableciera el protocolo de ejecución adoptado durante la primera administración Trump, que utiliza pentobarbital como agente letal.

• Se ordenó a la Oficina Federal de Prisiones (BOP) que ampliara el protocolo de ejecución para incluir otros métodos de ejecución, como el fusilamiento.

• Se ordenó a la Oficina Federal de Prisiones (BOP) que examinara la posibilidad de reubicar o ampliar el corredor de la muerte federal o construir un centro de ejecución adicional para permitir otras formas de ejecución.

• Se ordenó a la Oficina de Asuntos Legislativos que finalizara y presentara al Congreso una propuesta legislativa integral que mejore la seguridad pública y permita hacer justicia de manera más efectiva a las víctimas.

En las próximas semanas, el Departamento planea tomar las siguientes medidas adicionales:

• Consideremos una norma que faculte a los estados para agilizar la revisión federal de hábeas corpus en casos de pena capital. De adoptarse, esta norma reduciría en años el período entre la condena y la ejecución en los casos de pena capital estatales.

• Publicar una propuesta de norma que prohíba a los reclusos condenados a muerte presentar peticiones de clemencia, y que impida a la Oficina del Abogado de Indultos considerar dichas peticiones, hasta que las decisiones judiciales en la apelación directa del recluso y en su primer recurso colateral sean definitivas.

• Revisar el Manual de Justicia para que el Departamento retome su enfoque histórico en materia de delitos capitales, agilizar el proceso para solicitar la pena de muerte y garantizar una consulta adecuada con las familias de las víctimas.