El autoritario pide la pena de muerte para quien cometa un asesinato en Washington

Siguiendo la línea de atemorizar a los estadounidenses con una presunta crisis de seguridad para explotarla en los cómicos intermedios del año que viene, el presidente convicto de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su Gobierno pedirá pena de muerte para quien comenta un asesinato en Washington, según él, para terminar con el crimen en la capital, en donde por cierto, los niveles de delitos habían bajado ya, antes de que decidiera desplegar militares ante la molestia de la población.

Durante su reunión de gabinete, en donde siempre hay competencia de elogios al jefe por parte de sus empleados, el republicano expuso que “si alguien asesina a alguien en la capital, pena de muerte".

Según Trump, se trata de “una medida de prevención muy fuerte", pero su Administración está de acuerdo, añadiendo que “no sé si estamos preparados para esto en este país. Pero no tenemos otra opción", como si el delito se hubiera desbordado, algo que es falso.

Reiteró una y otra vez que “si alguien mata a alguien", va a ser pena de muerte", en una ciudad como Wasgington DC donde el nivel de delitos, pese a ser alto, está en su punto más bajo de los últimos 30 años.

El presidente autoritario asumió por su cuenta el control de la seguridad de Washington 30 días, argumentando la ley que permite intervenir la autoridad de la ciudad justificando que existe una "emergencia" por la alta criminalidad. Para quedar bien con el patrón, 6 estados gobernados por republicanos, Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee, enviaron efectivos a la capital del país, donde Trump ya despachó unos 800 elementos de la Guardia Nacional.

El total de militares en las calles de Washington suma unos 2 mil, además de la Policía Metropolitana  agentes federales del FBI, de la Administración de Control de Drogas y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, la moderna Gestapo.

La fiscal general, Pam Bondi, dio cuenta de mil 094 personas en Washington y el decomiso de 115 armas ilegales, de lo cual, como es ya costumbre, no presentó una sola prueba, en tanto que activistas y organizaciones han denunciado que el gobierno federal está aprovechando la supuesta guerra contra el crimen para detener