El expresidente brasileño Jair Bolsonaro tiene enfrente una complicado futuro político luego de la primera audiencia celebrada este jueves, de un juicio en el que se le acusa de “abusos de poder” durante la campaña para las elecciones de 2022, que ganó por Luiz Inácio Lula da Silva.
El Ministerio Público brasileño afirmó en la primera de las 3 sesiones programadas para el caso por el Tribunal Superior Electoral, que los abusos de Bolsonaro “están presentes en los autos” y pidió que se apliquen “las pena de ley”, con lo cual el ultraderechista perdería a sus 68 años de edad, sus derechos políticos durante 8 años.
La acusación gira en torno a una reunión de Bolsonaro con decenas de embajadores extranjeros en la residencia oficial de la Presidencia el 18 de julio de 2022, en donde intentó descalificar la transparencia del sistema electoral y la democracia, evento que ordenó que fuera transmitida por la televisión pública.
Tarcísio Vieira, abogado de Bolsonaro en el juicio por supuestos abusos electorales, aseguró que su cliente está acusado “en realidad”, de haber “expresado opiniones” sobre el sistema de votación.
Vieira reconoció que en esa ocasión, “tal vez en un tono inadecuado, ácido, excesivamente contundente”, Bolsonaro no hizo más que “expresar sus opiniones sobre el sistema electoral brasileño”, en lo que calificó como una “franciscana” e “institucional” reunión con embajadores .
El abogado asegura que se trató solo de una “franciscana” e “institucional” reunión con embajadores y que si constituyó una “propaganda anticipada”, pues la campaña aún no comenzaba, o si hubo “un uso indebido de edificio y medios públicos”, Bolsonaro debería recibir una multa, pero sin afectar sus derechos políticos.
Por si lado, el abogado Walber Agra, que representa a la parte acusadora, señaló que el movimiento de seguidores del expresidente en las calles derivó en el asalto a las sedes de los 3 poderes el pasado 8 de enero, apenas 8 días después de la investidura de Lula.
Según el abogado Agra, el expresidente Bolsonaro debía ser condenado por sus “abusos de poder”, y también por “prácticas golpistas”.
Esos documentos proponían anular el resultado de las urnas después de la cerrada victoria de Lula e incluso planteaban una “intervención militar” para mantener a Bolsonaro en el poder hasta que se convocara a nuevas elecciones.
