Dice ONG que corren peligro en México deportados cubanos y venezolanos de Estados Unidos

Un informe de la Organización no Gubernamental Human Rights Watch publicado hoy, que miles de personas  deportadas a México por el gobierno del presidente convicto estadounidense Donald Trump, entre los que destacan cubanos, venezolanos y personas de otras nacionalidades, son vulnerables a la violencia de los cárteles.

Además, el informe explica que los deportados en la actual administración estadounidense son de mayor edad y han vivido en Estados Unidos durante más tiempo que en el pasado, lo que les dificulta encontrar trabajo y aumenta la urgencia a la hora de conseguir atención médica.

El reporte se basa en un pequeño paquete de entrevistas en Tapachula y Villahermosa, y  se da a conocer durante una campaña de redadas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para impulsar su plan de deportaciones masivas.

Inmigrantes que antes no eran objetivo, como cubanos que llevaban años viviendo en Estados Unidos, son parte de esas redadas, y como Cuba y Venezuela limitan los vuelos de deportación o no aceptan deportados entonces son enviados a México u otros países con los que Estados Unidos hizo acuerdos.

Alcira Hava, titular de una beca Leonard H. Sandler en Human Rights Watch y que trabajó en el informe, dijo que hay que imaginar "tener 60 o 70 años, ser arrancados de su vida de la noche a la mañana y enviados a un país que no conocen, donde las autoridades los dejan abandonados sin acceso siquiera a los servicios más básicos. Imaginen que los dejan en ciudades peligrosas sin nada más que la ropa que llevan puesta”.

Los cubanos son el grupo más grande enviado a México con más de 4 mil 300 deportados. Más de la mitad de los que fueron entrevistados habían vivido en Estados Unidos desde las décadas de 1980 o 1990, y la mayoría tenía tarjeta de residencia permanente, pero la había perdido.

Más de la mitad de los cubanos deportados tenía antecedentes penales, pero solo el 16% correspondía a delitos violentos, según los investigadores. Una cuarta parte no tenía historial delictivo. La mayoría fue detenida durante controles rutinarios con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, pero algunos fueron detenidos en su lugar de trabajo o en espacios públicos. A ninguno lo llevaron ante un juez para impugnar su deportación a México.

Ya en México, estos deportados son enviados a ciudades del sur con pocas oportunidades laborales, acceso limitado a atención médica y donde los cárteles se aprovechan de ellos, además de enfrentar un proceso logístico complicado para obtener estatus de refugiado en México.

HRW pidió a ambos países que publiquen el acuerdo y que garanticen que en estos casos se respete el debido proceso y el derecho internacional, e instó a México a garantizar el acceso a tratamiento médico y una vía para regularizar el estatus migratorio de quienes no pueden regresar a sus países de origen. 

También pidió a Estados Unidos que suspenda estas deportaciones a menos que existan esas garantías. AP