Descarta Congreso peruano denuncia contra Boluarte por muertos en protestas

Impunidad y carpetazo, fue lo que determinó una Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú, que mandó al archivo la denuncia presentada contra la presidenta Dina Boluarte por la muerte de civiles durante la represión de la policía en las protestas contra su gobierno..

La misma descalificación se hizo esta semana con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que definió cómo "masacre", lo ocurrido con decenas de manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad peruanas durante las protestas contra el interinato.

La acusación archivada implicaba además a varios ministros y exministros por la muerte de unas 60 personas, y en donde hubo ejecuciones extrajudiciales cómo lo confirmó la CIDH en su momento.

La decisión de declarar la denuncia como improcedente, y proteger a los acusados dentro del gobierno, se produjo con 11 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones.

La denuncia había sido presentada por la legisladora de izquierdas, Ruth Luque, y también acusaba al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo; al exministro del Interior, César Cervantes, exministro de Defensa y actual jefe de gabinete, Alberto Otárola, además del exministro de Justicia, José Tello.

Luque consideró que todos violaron la Constitución, en lo referido a sus atribuciones “en las esferas más altas de decisión en asuntos del uso de la fuerzas policiales y militares”.

La decisión de los desacreditados legisladores de la subcomisión consideró que la denuncia era improcedente, en un régimen en donde unos se protegen a otros.

A su juicio, la demanda “no ha cumplido con el criterio en cuanto a ‘que se refiera a hechos que constituyan infracción de la constitución y/o delitos de función previstos en la legislación penal'”.

El antejuicio político es el proceso político-judicial a través del cual se levanta la inmunidad de los altos funcionarios como es el caso de la presidenta y ministros, y según la Subcomisión, esto tampoco había ocurrido.

El estallido social se produjo luego del fallido autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, y desde entonces han muerto 49 personas en enfrentamientos con las fuerzas del orden

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el pasado miércoles la violencia policial registrada en Perú durante las manifestaciones, y aseguró que había encontrado casos de “ejecuciones extrajudiciales”.

Añadió que la violencia a manos de las fuerzas del orden en la localidad de Ayacucho debe ser investigada “con un enfoque étnico-racial”, y juzgó que la situación podría ser considerada como “una masacre”.

El gobierno de Boluarte ya los descalificó.