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Desalojo de octogenaria de su vivienda provoca fuertes reacciones en España 

Información 25
23 sept
2 min de lectura
María del Carmen Abascal
María del Carmen Abascal

El caso de María del Carmen Abascal, quien  a sus 87 años fue desahuciada este miércoles del departamento que habitó desde 1956 en la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid,

domina la atención de la opinión pública y los medios en España.


La Policía Nacional dispersó a golpes y con gas pimienta a los cientos de personas que se habían concentrado para impedir el desalojo de Maricarmen, en lo que fue el cuarto intento por parte de  la comisión judicial tras varios aplazamientos. 


Un número importante de personas se concentró desde la madrugada de este miércoles en los alrededores del portal, hasta que la Policía montó un cordón que prohibió el acceso a medios y activistas. Sobre las 10:30, tras una hora de negociación entre la abogada de Maricarmen y la comitiva judicial, se inició  el desalojo 


Una ambulancia se colocó frente al portal, con enfermeros que accedieron al edificio con una camilla para sacar a la anciana. Su abogada, Beatriz Duro, había pedido unos días para que Maricarmen encontrara dónde vivir, pero la empresa dueña del inmueble no acaba.


Hace casi 70 años atrás, se estableció el contrato de renta firmado por los padres de Maricarmen en 1956. Tras la muerte del padre, pasó a su madre, y cuando esta falleció en 2005, se dió una segunda subrogación a favor de Maricarmen.


El inmueble se vendió en 2018 y lo adquirió una sociedad inmobiliaria que opera desde Madrid y Valladolid y que se dedica a la inversión en edificios, viviendas, suelo, locales, oficinas y hoteles. La empresa sostuvo que la segunda subrogación no era válida y que el contrato había quedado extinguido. 


El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que dio la razón a la propiedad, tras una primera instancia que había fallado a favor de Maricarmen.


Ella tiene una pensión inferior a la renta que le planteó la empresa, de 2 mil 500 euros al mes, 247% más que lo que pagaba hasta entonces, por lo que no pudo cubrir esa cifra.


No es la primera vez que se intenta el desalojo. El primero tuvo lugar en octubre de 2025 y se suspendió en los juzgados la víspera; el 2 de junio se produjo otro intento, que también terminó aplazándose a última hora. Esta vez no ha hubo marcha atrás.


El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU pidió al Estado español que detuviera el desahucio y garantizara una solución adecuada, petición que tampoco detuvo el desalojo.

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