La pérdida de garantías individuales en El Salvador desde el inicio de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele basada en un estado de excepción, es motivo de la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de más de 530 casos de víctimas del régimen desde 2022 .
Representantes de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal 'Dra. María Julia Hernández' y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción en el país centroamericano, explicaron en rueda de prensa que en el documento entregado a la CIDH se incluyen desapariciones forzadas, torturas y homicidios de personas que se encontraban o encuentran detenidas en las cárceles del Estado.
Las denunciantes señalaron que "los cientos de casos presentados ante la CIDH buscan obtener justicia y reparación para las víctimas y que el Estado sea condenado por la persecución de personas inocentes".
El presidente Bukele puso en marcha desde marzo de 2022, un estado de excepción con el objetivo de combatir los asesinatos de las pandillas, suspendiendo de facto las garantías constitucionales, medida que redujo de manera importante la inseguridad pero limitó los derechos de los salvadoreños.
Las organizaciones locales de derechos humanos sostuvieron que "el informe ha dejado demostrado, de forma inobjetable, que no puede existir seguridad sin derechos humanos, y menos aún sin institucionalidad democrática que garantice los derechos fundamentales de las personas".
Ambas organizaciones urgieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a "darle trámite de manera ágil al proceso presentado y resolver a favor de las víctimas".
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