Denuncia Amnistía deficiencias en materia de derechos humanos en el Mundial 2026

La Sport & Rights Alliance y Football Supporters Europe afirmaron en un informe conjunto, que la Copa Mundial masculina 2026 evidenció que los dirigentes de la FIFA no aplicaron sus propias políticas en materia de derechos humanos al anteponer la búsqueda de ingresos récord a la imparcialidad y la igualdad”.

El informe titulado Profit Over People: The 2026 FIFA Men’s World Cup, documenta un torneo caracterizado por el clima de temor habida cuenta del contexto de detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes, prohibiciones discriminatorias de visados, barreras de precio y accesibilidad para afición, jugadores y periodistas, criterios poco claros en materia de protección y requisitos de acceso, y ausencia de acceso efectivo a una vía de recurso.

Andrea Florence, directora ejecutiva de la Sport & Rights Alliance, dijo que "la Copa Mundial 2026 evidenció que las prioridades y la orientación marcadas por los dirigentes de la FIFA antepusieron los beneficios a las personas”.

“Para todas las personas a quienes les importaba el campeonato, el acceso y la participación fueron limitados por la condición económica, la nacionalidad, el estatus migratorio, la discapacidad, la identidad de género y la orientación sexual o las circunstancias políticas. La FIFA no solo no ejerció su influencia para cumplir las obligaciones en materia de derechos humanos, sino que decidió ensalzar a un gobierno que viola activamente los derechos humanos concediendo al presidente Donald Trump un ‘Premio de la Paz de la FIFA’ que no pasó por proceso de aprobación alguno”, denunció Florence 

La Copa Mundial masculina 2026, celebrada por primera vez en 3 países —Canadá, Estados Unidos y México—, fue el mayor mega evento deportivo de la historia y la FIFA prometió que sería un torneo donde cada persona “se sienta a salvo, incluida y libre para ejercer sus derechos”.

El campeonato fue la primera Copa Mundial celebrada con el reconocimiento de la FIFA y la adopción de obligaciones internacionales en materia empresarial y de derechos humanos gracias a su Política de Derechos Humanos de 2017, a la integración de criterios de derechos humanos en el proceso de selección de candidaturas y a un “Marco de Derechos Humanos de la Copa Mundial de la FIFA 2026” para 16 comités organizadores locales. 

No obstante, debido a la preocupación creciente por posibles abusos contra los derechos humanos en la competición, más de 65 mil personas se unieron al llamamiento de Amnistía Internacional dirigido a la FIFA y países anfitriones para que hicieran frente a los riesgos y garantizaran un Mundial para todas las personas.

Frank Conde Tanberg, asesor de política de Amnistía Internacional, apuntó que "la unidad y alegría que vimos en el campo y en las gradas estaban a un mundo de distancia del temor y la división que había más allá de los estadios. Aumentaron las redadas del ICE, se bloquearon protestas y las políticas discriminatorias sobre visados impidieron a muchos aficionados y aficionadas disfrutar de lo que se anunció como ‘la Copa Mundial más inclusiva’”.

"La FIFA no ejerció su influencia para proteger a la afición y a las comunidades locales, sino que invirtió su capital político en obtener el máximo de ingresos en lugar de defender los derechos humanos”, dijo.

El informe detalla cómo el precio excesivo de las entradas, costosos requisitos para obtener el visado y ausencia de transporte interurbano asequible, así como restricciones impuestas a más de 39 países para viajar a Estados Unidos, excluyeron a aficionados y aficionadas con discapacidad, ingresos limitados y/o procedentes del Sur Global, dice el reporte.

Explica que equipos y directivos de países participantes se vieron afectados por trastornos de gravedad: se retrasaron o denegaron los visados estadounidenses a miembros del equipo nacional iraní y, para 2 partidos con Estados Unidos, el equipo tuvo que entrar y salir del país el mismo día; al árbitro somalí Omar Artan, pese a contar con un visado válido, se le denegó la entrada en el aeropuerto internacional de Miami tras 11 horas de interrogatorio. Estos y otros obstáculos surgieron en paralelo a una aplicación agresiva de la legislación estadounidense en materia de inmigración: como documentó Human Rights Watch, en 5 días a finales de junio, fueron detenidas alrededor de 10 mil personas.

Ronan Evain, director ejecutivo de Football Supporters Europe, sostuvo que “cuando los precios de las entradas son los más elevados de la historia de la Copa Mundial, se ignoran los requisitos legales sobre accesibilidad para aficionados y aficionadas con discapacidad, y la afición más fiel se enfrenta a denegaciones discriminatorias de visados o a la aplicación militarizada de las leyes fronterizas, ya no cabe hablar de una celebración global sino de un espectáculo exclusivo y aséptico destinado solo a la élite”.

El informe documenta también otros abusos contra los derechos humanos cometidos en México, donde la policía respondió a las protestas previstas con gas lacrimógeno y detuvo a 2 periodistas. 

En Canadá, los preparativos se caracterizaron por operaciones de limpieza en las calles de las ciudades sede que desplazaron a residentes sin hogar; además, las autoridades de inmigración rechazaron un número de solicitudes de visado para la Copa Mundial, en su mayoría de personas procedentes del Sur Global, superior al número de concesiones. 

El periodismo independiente también sufrió graves restricciones debido a la opacidad de los procesos de acreditación de la FIFA para medios de comunicación, a las barreras estadounidenses para la obtención de visados y a la inexistencia de conferencias de prensa periódicas con intervención de los máximos dirigentes.

“La falta de claridad por parte de la FIFA sobre la acreditación de medios de comunicación, la falta de coordinación con los trámites para la obtención de visados y la actitud indiferente hacia las ruedas de prensa pusieron de manifiesto la inacción de la FIFA a la hora de defender los derechos humanos”.

La FIFA necesita claramente una reforma sistémica de su gobernanza que incorpore los derechos humanos y la buena gobernanza en las estructuras de dirección y las decisorias, incluya un sistema independiente de controles y contrapesos, y garantice una rendición de cuentas significativa cuando no se cumplan sus compromisos.

La Sport & Rights Alliance y Football Supporters Europe piden a la FIFA y a todas las candidaturas a las elecciones presidenciales de 2027 que:

Hagan vinculantes los requisitos en materia de derechos humanos y establezcan unas condiciones exigibles en los acuerdos para sedes de todas las futuras Copas Mundiales masculinas y femeninas, respaldadas por una supervisión independiente y consecuencias claras en caso de incumplimiento.

Un marco de elegibilidad transparente y centrado en los y las supervivientes para deportistas y directivos contra quienes pesen acusaciones graves de conducta indebida o violencia sexual que sustituya la discrecionalidad caso por caso.

Garanticen un acceso significativo y sin discriminación a futuras competiciones para afición, deportistas, periodistas y otros/as participantes acreditados, y se aseguren de que los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y a la libertad de prensa están garantizados en el contexto de los torneos de la FIFA.

Garanticen la igualdad de acceso a las entradas a aficionados y aficionadas con discapacidad, y un asiento gratuito para su acompañante, al tiempo que se evita la fijación de precios abusivos de las entradas.

Hagan visibles y accesibles los mecanismos de reclamación y recurso de la FIFA, restablezcan un Consejo Asesor de Derechos Humanos permanente e independiente, reformen de manera integral la Comisión de Ética de la FIFA, y creen un Fondo de Reparación permanente para las personas y comunidades perjudicadas por la organización de torneos, tanto en el pasado como en el futuro.