Demócratas quieren investigar contratos para construcción del muro fronterizo

Bajo la sospecha de que podría haber irregularidades y favoritismo hacia constructoras vinculadas al presidente convicto Donald Trump, congresistas demócratas pidiero al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) investigar la adjudicación de contratos para obras fronterizas en la región de Big Bend, Texas, por casi 7.500 millones de dólares.
La carta la firman 23 legisladores, y expone que las empresas, Barnard Construction y Fisher Sand & Gravel, recibieron 4 de los 5 contratos adjudicados para este tramo.
Respecto a la primera empresa, los demócratas dicen que su fundador, Tim Barnard, donó alrededor de 1 millón de dólares a grupos de recaudación de fondos para la campaña electoral de Trump en 2024.
En cuanto a Fisher Sand & Gravel, contrató en 2021 a Tom Homan, el ‘zar’ de la frontera del Gobierno de Trump, para hacer lobby a su favor en Texas cuando Homan dirigía una firma de consultoría privada.
Organizaciones ambientalistas, algunos propietarios de terrenos y residentes de la zona, no habían visto con buenos ojos la decisión del Gobierno estadounidense de construir un tramo del muro fronterizo en el oeste de Texas, incluido el Parque Nacional Big Bend.
El parque tiene más de 324 mil hectáreas de tierras protegidas a lo largo de la frontera con México, lugar donde se albergan especies animales amenazadas, yacimientos arqueológicos y paisajes emblemáticos.
Los congresistas sostienen en la misiva que "los contribuyentes merecen tener la certeza de que las decisiones que afectan al parque y a la región responden a necesidades públicas legítimas y no a influencias políticas o intereses privados".
El sector de Big Bend con 832 kilómetros de la frontera, es uno de los que menos cruces irregulares registra, como se refleja en 2025 cuando tuvo apenas el 1,3 % de las detenciones en la frontera.
Sin embargo, el DHS clasificó en mayo pasado la región de Big Bend como un área de elevada entrada ilegal de migrantes y aseguró que existe una necesidad "aguda e inmediata" de construir barreras físicas en la zona.
Según los congresistas, el inspector general debe examinar si la zona es en realidad un área de alta entrada ilegal, y si los contratos se adjudicaron correctamente pese a que el Gobierno se eximió de cumplir varias leyes federales.
También demandan conocer si el gasto responde al interés público, esto una semana después de que el Supremo de Estadis Unidos autorizara al Gobierno a continuar la construcción del muro fronterizo en Big Bend, frenada por un tribunal de menor instancia en Texas.
El Supremo donde algunos miembros llegaron ahí por decisión de Trump, argumentó que el Gobierno tiene intereses apremiantes en materia de "seguridad e integridad" de la frontera a la hora de construir el muro.






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